El medio chileno Radio Bío Bío accedió a unas cartas enviadas en septiembre de 2016 por la auditora externa a la isapre Masvida y otras empresas del holding, donde ya les advertía sobre serias inconsistencias en sus estados financieros. Una información que por su relevancia, Masvida estaba obligada a informar al organismo regulador en no más de 48 horas. Pero recién entregaron los antecedentes en febrero de este año, cinco meses después, a través de dos hechos relevantes reservados. En uno de ellos señalaban que en cuanto al cálculo del IVA Débito Fiscal, no habían tenido observaciones. Sin embargo, por esos mismos días Ernst & Young (hoy EY) envió nuevas misivas a la superintendencia desmintiendo la versión de Masvida e informando nuevas inconsistencias.

“No se debe confiar en nuestra opinión previamente emitida, ni por ustedes ni por cualquier otra parte interesada”. Con esta frase termina una dura carta que la empresa auditora Ernst & Young (hoy EY) envió el 9 de septiembre de 2016 al entonces gerente general de Isapre Masvida, Ulises Figueroa. Allí le advertían acerca de graves inconsistencias en la información financiera que la empresa les había entregado y que impactaba directamente en su informe de resultados a diciembre de 2015.

Dice la carta: “De acuerdo a los antecedentes proporcionados por ustedes, los registros contables al 31 de julio de 2016 fueron ajustados debido a una subestimación de la provisión asociada a la cuenta ‘deudores no declarados y no pagados’”.

En términos simples, lo anterior significa que la empresa calculó mal los fondos de reserva que debían dejar como respaldo en caso de que esas deudas por cotizaciones impagas no fueran canceladas. Eso produjo un desbarajuste contable que derivó en una sobrestimación de sus activos al 1 de enero de 2016 por cerca de $7.292 millones (US$ 10,9 millones). En otras palabras, la información contenida en los resultados financieros de Masvida -según señaló la misma auditora- no era confiable porque, en definitiva, estaba adulterada.

En vista de las inconsistencias y dudas, EY decidió quitarle el respaldo a los estados financieros de 2015 que ya había auditado y le informó que tendría que realizar una nueva revisión de ellos, por lo que le solicitó información adicional. Todo esto ocurrió antes de que se desatara públicamente la crisis de la gestora de salud privada y que derivó en la intervención estatal de la empresa a inicios de marzo pasado.

Como la información era de suma relevancia, Isapre Masvida tenía un plazo legal de 48 horas para informar a la Superintendencia de Salud. Pero no lo hicieron: no reenviaron la carta ni tampoco informaron sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros sino hasta cinco meses después, cuando la debacle ya era un hecho consumado.

Este documento y otros antecedentes a los que accedió Radio Bío Bío están ligados a la eventual entrega de información contable falsa que habría realizado la isapre, arista que hoy investiga el Ministerio Público. De hecho, fuentes cercanas a la indagatoria judicial señalan que estos antecedentes ya fueron incluidos en la carpeta que lidera el fiscal Carlos Gajardo.

Fueron tres las cartas que EY envió ese viernes 9 de septiembre a distintas empresas del holding. La segunda fue para la matriz del grupo: Empresas Masvida, una firma que hasta hace poco fue presidida por Claudio Santander Kelly, a quien las investigaciones en curso apuntan como uno de los principales responsables de la crisis. Entre otras cosas, junto a un grupo de ejecutivos de confianza, Santander realizó una serie de maniobras tributarias y societarias que fueron objetadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los Tribunales Tributarios y que son clave en la sucesión de hechos que llevaron a la isapre a un despeñadero.

La carta para la matriz era tanto o más dura e incluía antecedentes respecto a una sospecha de fraude en Clínica Las Lilas.

Dice la carta: “De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la administración de su subsidiaria indirecta, Clínica Las Lilas S.A., los estados financieros de dicha sociedad al 31 de diciembre de 2015, por los cuales nosotros emitimos una opinión de auditoría con fecha 30 de marzo de 2016, contienen representaciones incorrectas que provienen de una sospecha de fraude y que la administración ha cuantificado y determinado ajustes contables que requieren la reformulación de dichos estados financieros”.

Los mismos antecedentes fueron dados a conocer en una tercera carta enviada por la auditora externa a MV Clinical, la sociedad encargada de los centros asistenciales del Grupo Masvida.

Consultado por Radio Bío Bío, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, dijo que la empresa les ocultó esta información.

“La isapre no enviaba la información, por lo que no tuvimos esos antecedentes en el momento oportuno. Básicamente enviaban lo que querían, y recién a fines de febrero nos informaron que su auditor externo le había quitado el respaldo a su informe del año 2015, cuando esa comunicación era de septiembre del año pasado. Eso tendrían que haberlo comunicado con un plazo máximo de 48 horas y claramente no lo hicieron”, afirmó.

El regulador fue enfático al señalar que “si esto hubiese llegado en el momento que correspondía, habría sido una señal de alerta mucho más potente de la compleja situación que vivía la isapre”.

Se destapa la verdad

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Cuando Pavlovic dice que recién en febrero de este año Masvida les informó sobre las advertencias realizadas en septiembre de 2016 por EY, se refiere a un documento específico: el hecho relevante reservado que la isapre le envió el día 27 de ese mes.

En ese documento -al que accedió Radio Bío Bío-, el entonces gerente general de la isapre, Ulises Figueroa, reconocía por primera vez que la revisión que desarrollaron respecto del método utilizado para determinar el activo por concepto de cotizaciones (de afiliados) no declaradas y no pagadas, implicó ajustar el saldo del activo al 1 de enero de 2016 en $ 7.292 millones (US$ 10,9 millones), lo que afectó los resultados acumulados a esa fecha.

Allí también señaló que la información la conocían desde septiembre y adjuntó las cartas sobre inconsistencias en los estados financieros de la isapre que les había enviado EY.

“A la fecha, EY se encuentra realizando los procedimientos que han definido como necesarios para determinar si procede o no re-emitir su opinión de auditoría sobre los estados financieros de Isapre Masvida S.A. Al 31 de diciembre de 2016”, detalla el hecho relevante reservado.

Figueroa señaló además que producto de lo anterior, EY les había informado que no estaban en condiciones de liberar su dictamen sobre los estados financieros de la isapre de 2016 en la fecha requerida: el 28 de febrero. Por ello, el ejecutivo solicitó al superintendente que ampliara el plazo para presentar los estados financieros auditados hasta el 31 de marzo.

Por su parte, Francisco Avendaño, socio de EY, le escribió el 1 de marzo de este año al superintendente Sebastián Pavlovic. Le dijo que a raíz de una serie de limitaciones impuestas por Masvida, la firma no estaba en condiciones de emitir las opiniones de auditoría externa sobre los estados financieros de 2015 y 2016 dentro del plazo fijado, que expiraba ese mismo día.

“El motivo de esta situación, se explica debido a que a la fecha la compañía no nos ha proporcionado todos los antecedentes necesarios para poder llevar a cabo los procedimientos requeridos para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada, adicionalmente hemos identificado ciertas inconsistencias no aclaradas en la información recibida que nos permita a la fecha emitir nuestro informe de auditoría de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile”, escribió el socio de EY.

Según el superintendente Pavlovic, fueron estos antecedentes los que confirmaron que las alarmas que venía monitoreando la Superintendencia de Salud eran reales y que la situación de la isapre era bastante más grave de lo que creían. “No teníamos que esperar un incumplimiento de indicadores (financieros) para intervenir la isapre, pues estos estaban adulterados”, sostuvo.

Más inconsistencias

Si bien la crisis que enfrenta Masvida desde el año pasado ha agitado constantemente las aguas en la Superintendencia de Salud, los primeros días de marzo fueron particularmente ajetreados. A los hechos mencionados se sumó una nueva carta de EY, enviada el 6 de marzo, firmada por la fiscal de la empresa de auditoría externa, Tatiana Munro.

En su carta, Munro hizo referencia a otro hecho relevante reservado informado por Isapre Masvida el 23 de febrero al organismo regulador, cuatro días antes de reconocer que la información sobre las inconsistencias contables la tenían desde septiembre pasado.

Masvida había informado que -supuestamente- la EY estaba efectuando el cierre anual de la auditoría, donde, entre otras cosas, estaban calculando el Impuesto al Valor Agregado Débito Fiscal (IVA DF). Decía que a esa fecha no habían recibido observaciones ni pronunciamiento formal al respecto de parte de la auditora, por lo que solicitaron asesoría tributaria a una empresa externa para el análisis de sus procedimientos de cálculo del IVA Débito Fiscal y Crédito Fiscal, el cual estaría finalizado el 28 de febrero.

Sobre eso, Munro escribió: “Lo señalado precedentemente por la compañía no se ajusta a la realidad de los hechos, como tampoco a las observaciones sí realizadas por mi representada en relación con esta materia específica”.

La fiscal de EY detalló que el 13 de febrero de 2017, EY le envió una carta a los presidentes de directorio y gerentes generales de Isapre Masvida y Empresas Masvida. Era para informarles que durante la auditoría a sus estados financieros de 2016, “habíamos identificado asuntos significativos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado que se genera producto de las cotizaciones enteradas por los afiliados en función del plan pactado”.

Debido a esta observación se reunieron el 17 de febrero con Claudio Santander y Erwin Sariego, presidente y gerente general de Empresas Masvida, respectivamente, y con Enrique Contreras y Ulises Figueroa, que ocupaban los mismos cargos, pero en Isapre Masvida. Allí les habrían comunicado y detallado todas las observaciones de EY sobre el IVA DF. Como respuesta, los representantes de Masvida dijeron que estaban al tanto de la inquietud y que estaban trabajando con abogados tributarios expertos para ello.

Como sea, la fiscal de EY afirmó en su carta que “a la fecha, el cliente no nos ha proporcionado los antecedentes necesarios para aclarar esta observación”, y agregó: “En consideración de nuestro papel como auditores externos, creemos que lo señalado precedentemente afecta nuestra habilidad para confiar en la idoneidad de la información entregada por el cliente y en el ambiente de control interno”.

Las advertencias de la competencia

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Las advertencias que hizo EY sobre la compleja situación que enfrentaba Masvida en materia financiera no fueron las únicas. También están las que hizo Gonzalo de la Carrera a fines de 2015, cuando era presidente del directorio de Isapre Colmena.

Según De la Carrera, en noviembre de ese año tuvo algunas reuniones con el superintendente Pavlovic donde le dio a conocer una serie inconsistencias que habían detectado al analizar los estados financieros de la industria a junio de 2015. Las desviaciones que encontraron en Masvida respecto de las otras gestoras los llevaron a plantearle al regulador que esa isapre estaría reportando sus resultados con base devengada y no con base percibida, como lo exige la normativa. También detectaron que el alto nivel de cuentas por cobrar hacía sospechar que un gran porcentaje era impagable y que había un elevado volumen de créditos con empresas relacionadas, entre otras cosas.

Uno de los ámbitos donde hizo más énfasis el ex presidente de Colmena fue en el nivel de efectivo y equivalente de Isapre Masvida respecto de sus pares. Este ítem mide, en términos simples, cuánto dinero tienen las isapres después de descontarles todo lo que tienen puesto en garantías. Según consigna el estado de resultados de las isapres a junio de 2015, Masvida tenía sólo $1.531 millones (US$ 2,2 millones), lo que se desviaba demasiado de sus pares, sobre todo de las que tienen un tamaño parecido.

En efecto, Colmena tenía como efectivo y equivalente $30.184 millones (US$ 45,3 millones); Cruz Blanca $6.830 millones (US$ 10,2 millones); Vida Tres $5.699 millones (US$ 8,5 millones); Banmédica $11.367 millones (US$ 17 millones); y Consalud $17.606 millones (US$ 26,4 millones). A su vez, Optima, la más chica del mercado, poseía $210 millones (US$ 315.392).

Esto se hacía aún más sospechoso al considerar el enorme pasivo que poseía Masvida en ese entonces. Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar de los pasivos corrientes de la isapre ascendían a $84.148 millones (US$ 126,3 millones). Los representantes de Colmena se cuestionaban ante Pavlovic cómo haría Masvida para pagar un pasivo superior a $80 mil millones (US$ 120,1 millones) con una caja que sólo bordeaba los $1.500 millones (US$ 2,2 millones).

El ítem deudores comerciales y otras cuentas por cobrar también fue objeto de análisis. En este aspecto Masvida totalizaba $45.875 millones (US$ 68,8 millones), superando con creces al resto de los actores: Colmena tenía $11.015 millones (US$ 16,5 millones); Cruz Blanca $17.879 millones (US$ 26,8 millones); Vida Tres $2.363 millones (US$ 3,5 millones); Optima $1.173 millones (US$ 1,7 millones), Banmédica $12.971 millones (US$ 19,4 millones); y Consalud $11.398 millones (US$ 17,1 millones).

Fuentes de la industria dicen que la desviación de Masvida en este ítem podría implicar dos cosas: o que las otras isapres cobran mucho mejor que Masvida y esta compañía tiene un problema gigantesco para cobrar, o que Masvida lleva su contabilidad en base a estimaciones de sus posibles ingresos y no a ingresos efectivamente percibidos.

Otro aspecto que le pareció sospechoso a Colmena en ese entonces fueron las cuentas por cobrar con entidades relacionadas, pues las de Masvida eran las más altas: $61.553 millones (US$ 92,4 millones).

Gonzalo de la Carrera ha dicho públicamente que le entregó estos antecedentes al superintendente y que éste no habría hecho nada ante esa situación.

Consultado sobre el tema, Pavlovic reconoció que De la Carrera, siendo presidente de Isapre Colmena, efectivamente le planteó sus dudas respecto de la situación de Masvida. Pero también justifica el no haber tomado medidas en ese entonces.

“Lo que hicimos fue preguntarle a nuestro equipo de fiscalización sobre el tema y nos dijeron que ya habían detectado algunas situaciones que llamaban la atención. Una suerte de sobrestimación de sus activos, básicamente lo que eran cuentas por cobrar tanto a empresas relacionadas como cotizaciones no pagadas o no declaradas y no pagadas. Y a partir de esa fecha se empieza una fiscalización un poco más exhaustiva sobre Isapre Masvida. (…) Pero comprenderás que sólo por la voz del presidente de una isapre no voy a ir a intervenir otra isapre”, afirmó el superintendente.