Para impedir que el Presidente Donald Trump cambie el Obamacare, la Procuradora General de Massachusetts, Maura Healey, está considerando un enfoque que ha funcionado en contra de la administración en materia de inmigración: usar las propias palabras de Trump contra él.

Trump dijo que dejaría que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio "explote" después de que los republicanos fracasaron el mes pasado para aprobar su propia ley de abrogación en el Congreso, y dijo el miércoles al Wall Street Journal que puede retener miles de millones de pagos a las aseguradoras para obligar a los demócratas a negociar la asistencia sanitaria.

Las declaraciones públicas como esa llevaron a los jueces a bloquear las prohibiciones de viaje de Trump propuestas a principios de este año, y podría llegar a ser una línea de ataque en los intentos legales de proteger la ley de salud, de acuerdo con un puñado de abogados liberales estadounidenses y fiscales generales. Ellos dijeron que están esperando para ver qué acción la administración en última instancia toma en la ley de salud antes de que ellos respondan oficialmente.

Los fiscales generales demócratas asumieron un papel de liderazgo para bloquear con éxito las órdenes ejecutivas de Trump que restringen los viajes de algunos países de mayoría musulmana, y también se resisten a los esfuerzos para revertir las regulaciones ambientales.

Ahora, la amenaza de litigio potencial sobre la ley de salud de los estados, que toma una página del libro de los republicanos durante la administración Obama, está complicando los esfuerzos de la administración Trump para formular su propio enfoque sobre la política de salud fuera de la legislación del congreso, según dos grupos de presión conservadores informados sobre las discusiones internas.

La Casa Blanca sostiene que la ley de la salud "ya está colapsando por su cuenta, y continuará en la dirección equivocada, ya que más estadounidenses se enfrentan a las crecientes primas, mayores deducibles y menos opciones", dijo un portavoz de la administración a Reuters. "El Presidente Trump y su administración están comprometidos a trabajar con el Congreso para revocar y reemplazar Obamacare".

Notando que varios jueces federales citaron los comentarios de Trump sobre los musulmanes para apoyar la idea de que sus órdenes ejecutivas atacaron inconstitucionalmente a un grupo religioso, Maura Healey dijo que Trump está legalmente obligado a hacer cumplir la ACA. Pero sus palabras aclaran que está dispuesto a sabotearlo, según ella.

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"Está decidido a poner la dinamita y explotar esto", dijo Healey a Reuters. Agregó que es demasiado pronto para especular sobre acciones legales específicas, pero que las observaciones de Trump sobre la ley "sugieren que está ahí no sólo esperando que fracase, sino que trabaje para verla fracasar".

Además de Healey, los fiscales generales demócratas de California, Connecticut y el Distrito de Columbia dijeron a Reuters que están monitoreando de cerca a la administración por cualquier signo que esté socavando la ACA.

La fiscalía de California recientemente contrató a una experta en política de salud, Melanie Fontes Rainer, quien trabajó para demócratas en el Senado de los Estados Unidos. El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo en un comunicado que su oficina está "inclinándose hacia adelante cuando se trata de proteger el derecho de nuestro pueblo a una atención médica asequible y de calidad".

Cuatro abogados privados en Washington D.C. dijeron que han discutido posibles desafíos entre ellos y los clientes potenciales que se han beneficiado de la ley. Uno de estos desafíos legales que se discute es demandar a la administración de Trump por no cumplir con la "cláusula de cuidado", que requiere que el presidente ejecute fielmente las leyes promulgadas por el Congreso, según Deepak Gupta, un abogado de Washington que a menudo trabaja en casos de interés público .

"Que el presidente esté operando de buena fe ... es muy crítico para cómo funciona la ley. Esa buena fe está legítimamente en cuestión", dijo.

Texas y otros estados que desafiaron la acción ejecutiva de Obama para impedir que los inmigrantes fueran deportados, citaron la cláusula de cuidado en su demanda, alegando que no estaba cumpliendo con la ley de inmigración.

El libro de jugadas republicano

La nueva administración podría efectivamente paralizar a Obamacare con un pleito republicano pendiente sobre subsidios de costos compartidos que fue apelado por la administración Obama y puesto en suspenso cuando Trump asumió el cargo.

Trump dijo que puede retener los pagos, que ayudan a cubrir los gastos médicos de bolsillo para la gente de bajos ingresos, que los republicanos argumentan que deben ser apropiados por el Congreso. Los defensores de Obamacare dicen que no financiar los subsidios, que ascienden a unos US$ 7.000 millones al año, torpedearía la ley porque haría que las aseguradoras huyeran del mercado individual y podría dejar a millones de personas sin un lugar para comprar un seguro.

Pero la administración debe sopesar si financiar los subsidios con el riesgo de ser vistos como ayudando a la ley a tener éxito, o ser culpado -y posiblemente demandado por los fiscales generales- por la muerte de la ley, según los lobistas, quienes han sido informados sobre las discusiones internas .

"Hay una preocupación de que los abogados generales presenten demandas", dijo un lobista. "Este es un libro de jugadas que los republicanos escribieron durante la administración Obama".

En algunos aspectos, la administración de Trump ya ha tomado medidas para erosionar partes de la ley.

Dijo que no hará cumplir el mandato individual, el requisito de que todos tengan seguro de salud o pagar una multa, lo que los expertos dicen que se necesita para mantener a las personas sanas en los mercados y compensar a los pacientes más caros.

Dave Jones, comisionado de seguros del estado de California, escribió una carta a Trump el mes pasado solicitando que la administración "deje de tomar medidas administrativas que socavan la Ley de Asistencia Asequible y desestabilizan los mercados de seguros de salud en todo el país".

Jones también se postula como fiscal general en California, un estado muy demócrata donde luchar contra la administración de Trump es un activo político clave. Si la administración no hace cumplir la ley, "ciertamente veremos todas nuestras opciones legales y soluciones que podrían estar disponibles", dijo.