Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

El escándalo en torno a los medicamentos apócrifos para niños con cáncer, en Veracruz, debe detonar una profunda investigación sobre las distribuidoras que entregan medicamentos en muchos estados, principalmente en las entidades que deciden no entrarle a la compra consolidada de medicamentos liderada por el IMSS que comanda Mikel Arriola.

Porque hasta ahora lo que pasa en algunos estados sobre la distribución de medicamentos pareciera tierra de nadie. Hay un campo fértil para hacer redituables negocios cometiendo todo tipo de anomalías con absoluta impunidad, porque no hay quien regule cercanamente esta parte de la operación del mercado hospitalario. ¿A quién le corresponde supervisar y verificar que esté operando correctamente la entrega de dichos medicamentos?

Podría decirse que a Cofepris, encabezada por Julio Sánchez y Tepoz. Pero si bien es cierto entre sus atribuciones está el control y vigilancia de los establecimientos de salud, no hay realmente un mandato específico que se refiera a la verificación del correcto reparto de los productos de la salud. De hecho desde que se diluyó la Subsecretaría de Regulación Sanitaria en el 2002 (al crearse la Cofepris) quedaron sin supervisión ciertas áreas como justamente lo relativo a la operación de la cadena de distribución farmacéutica desde que sale de la fábrica hasta que llega al hospital y al paciente.

En el Congreso hay una iniciativa que entró desde el 2013 para conformar una comisión reguladora de hospitales. La trabajó el entonces subsecretario Eduardo González-Pier y la propuesta central era conformar una comisión del mismo rango que la Cofepris pero enfocada a garantizar la correcta operación de los establecimientos de atención médica. Esta iniciativa sigue durmiendo el sueño de los justos.

El reparto de medicamentos dentro de la compra consolidada está de alguna manera acordado y un poco más controlado. Pero incluso dentro del mismo abasto derivado de dicha megacompra aún faltaría mayor control. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que preside Alexis Serlín y dirige Rafael Gual, le ha solicitado al IMSS que exista una obligación de parte de los nosocomios para que le exijan al distribuidor una carta de respaldo del fabricante como garantía de que el medicamento entregado es original. Con ello se eliminaría el riesgo de que pequeñas distribuidoras actúen sin rigor y se cometa justamente lo que sucedió en Veracruz: que se entregue fármaco apócrifo. Pero hasta el momento no se ha hecho nada al respecto. Y aquí estamos hablando del surtido del fármaco pactado en la megacompra consolidada, pero hay muchas compras que los gobiernos estatales siguen haciendo por afuera sin mayor restricción ni supervisión.

El caso en Veracruz sucedió hace años, pero quién garantiza que no sigue sucediendo ahí y en otros estados. Entre los directivos de la industria se comenta que ello sucede en distintas entidades y que son negocios de los líderes políticos en turno. Inicia un nuevo gobierno estatal y en automático surgen nuevas empresas distribuidoras, desconocidas dentro del ámbito farmacéutico formal, que toman la rienda del surtimiento de fármacos y material de curación a los hospitales locales. Se quedan con la comisión de la intermediación y reparto, lo cual no sería ilegal si no fueran de familiares o gente cercana del gobernador o del munícipe en turno, pero el principal problema es que por la falta absoluta de control se convierte en terreno fértil para que entre la delincuencia organizada con productos falsificados.

Todo mundo en el sector sabe que la falsificación de medicamento es un delito que se comete en México, y de hecho está bien tipificado en la Ley General de Salud y hay pena de cárcel para quien incurre en ella. La pregunta sería si ha habido algún caso de encarcelamiento por este delito.