El objetivo es "reducir el 'atractivo' de los productos que se ofrecen al consumidor" para eliminar la posibilidad "de inducir a error o engañar al consumidor sobre los efectos más o menos nocivos" de los productos.
Hasta ahora, esto protege al Estado de reclamos judiciales para acceder a fármacos que no estén incluidos en la lista administrada por el Fondo Nacional de Recursos.