El primer día de este año se concretó uno de los capítulos más recordados de la regulación de precios de medicamentos. La reducción del valor de más de 900 presentaciones comerciales, entre las que se encontraban populares anticonceptivos, fue celebrada por muchos porque era la primera vez que una de estas medidas afectaría directamente el bolsillo de los colombianos. Desde entró en vigor el 1 de enero, varios precios cayeron. “¡Hoy fui a comprar mis pastillas y pasaron de $65 mil (US$ 20,6) a $13 mil (US$ 4,1)!”, escribió hace unas semanas una lectora de este diario en señal de agradecimiento con el Ministerio de Salud.

El proceso estuvo atravesado por muchas dificultades. A las cartas de laboratorios y embajadas que le pedían al entonces ministro, Alejandro Gaviria, no llevar a cabo la medida, se sumaron otros ingredientes. Incrementos de precio de último minuto y mecanismos jurídicos frente a otras entidades (como la Superintendencia de Industria y Comercio), fueron algunos de los caminos por los que optaron algunas casas farmacéuticas. Ninguno prosperó.

Aunque todo indicaba que después de la primera semana de 2019, los anticonceptivos no volverían a ser un tema de discusión, un nuevo capítulo tiene inquietos a varios de los actores del sistema. Se trata de unas decisiones que han tomado ciertos laboratorios y que han empezado a generar sospechas. ¿La razón? Unos cambios técnicos en la manera en como están registrados los medicamentos ante el Invima podrían eludir los topes que impuso el Minsalud. 

El Remodulín (Teprostinilo) es un medicamento que empezó a ser frecuente en Colombia desde 2016. Ese año el Invima le otorgó varios permisos a la compañía Ferrer Internacional S.A. para importar algunas presentaciones y comercializarlas en Colombia. Las soluciones inyectables de 1 y 2,5 miligramos eran unas de ellas. Desde entonces PintPharma, como también se conoce esta empresa, se hizo popular entre los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad muy poco frecuente que obliga al lado derecho del corazón a esforzarse más de lo que debería.

En la circular que reguló los precios de los anticonceptivos también estuvo incluido el Remodulín. Varias de sus presentaciones bajaron de precio porque los valores a los que se estaba vendiendo en Colombia superaban los de muchos países. Los frascos de 5 mg, por ejemplo, pasaron de valer $54 millones (US$ 17.129) a $27 millones (US$ 8.564).

Algo, sin embargo, empezó a inquietar a algunas EPS. En una carta enviada al Minsalud manifestaron su descontento porque les estaban cobrando esa medicina a un precio mucho mayor que el de 2018. ¿El motivo? PintPharma había decidido venderlo junto a un dispositivo. El problema era que los valores de ese “kit” superaban en un 197% el techo que impuso el Minsalud. De hecho, las ventas entre 2017 y 2018 crecieron casi el doble: pasaron de $8.900 millones (US$ 2,8 millones) a $25 mil millones (US$ 7, 9 milllones).

Para hacerlo la compañía había hecho un pequeño cambio técnico: había modificado un código que otorga el Invima y que equivale a una suerte de “cédula” de cada medicamento e indica datos claves como la presentación, la cantidad o la vía de administración. El Código Único de Medicamento (CUM), es como se conoce en el argot farmacéutico. Para transformarlo basta con una solicitud ante el Invima que puede tardar un mes. Es un cambio obedece a una nueva presentación comercial pero al mismo principio activo del fármaco.

Para entender mejor este tecnicismo basta un ejemplo: si una farmacéutica, que vende una caja con 30 píldoras de anticonceptivos, quiere comercializar una nueva con 60 píldoras, debe adquirir un nuevo CUM. En otras palabras, es como si una persona cambiara de dirección pero no de cédula.

El problema es que estos códigos fueron la guía de la última regulación de precios de medicamentos del Minsalud, lo que permitió que se abrieran algunas grietas en la metodología. En términos más precisos, como dice Tatiana Andia, profesora de la U. de los Andes y que participó en el proceso de regulación, “si un laboratorio quisiera cambiar el CUM de una de las medicinas reguladas, ese nuevo producto ya no se regiría por el tope establecido por el Ministerio”.

Aparentemente, eso fue lo que sucedió con PintPharma y el Remodulín. Esta compañía, en su defensa, advierte que discutir este tema requiere de mucho más tiempo que una breve conversación telefónica, como lo solicitó El Espectador. Mauricio López, gerente de línea, dice que por el momento solo puede decir que esos cambios obedecieron a un trabajo muy serio junto con un equipo jurídico y en compañía del mismo Ministerio.

Pero, como lo muestra la gráfica que acompaña este artículo, PintPharma no fue la única empresa que solicitó nuevos CUM. El grupo que hace parte de la multinacional Abbott, entre los que se encuentra Lafrancol y Synthesis, también lo hizo. Para ser precisos, todas esas casas farmacéuticas registraron 40 presentaciones comerciales nuevas de las reguladas por el Minsalud. Lo hicieron entre octubre y diciembre de 2018, antes de que la Circular 07 (la que reguló los anticonceptivos) empezara a regir.

Decir que Abbott también solicitó esos nuevos códigos para, posteriormente, subir el precio de los anticonceptivos, como lo sospechan algunos actores, es moverse más en el terreno de la especulación que de los hechos. Hasta el momento eso no ha sucedido. Entonces, ¿cuál fue el motivo de ese cambio?

Abbott tiene una explicación: “Se trata de extensiones de línea. Es un procedimiento que se le pide a la autoridad sanitaria porque, como los pacientes están accediendo a productos a menor precio, pensamos en que lanzar presentaciones con más unidades podía motivarlos a comprar más para un lapso más grande. Es decir, que en vez de comprar pastillas para un mes, adquieran la cantidad para dos meses”. Frente a las inquietudes y sospechas que han generado sus procedimientos esta multinacional hace una promesa: “En ningún momento pensamos en cambiarles el precio. No lo vamos a hacer. Somos respetuosos de la regulación del Ministerio de Salud”.

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*Aunque intentamos comunicarnos con el Minsalud y el Invima para conocer su postura, al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta.