La lógica de eliminar el seguro de gastos médicos mayores para funcionarios del gobierno federal, incluidos no sólo los del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y Judicial y organismos autónomos, es que la medida debería traer eficiencias para el sistema simplemente por el hecho de que elimina la doble cuota: la que se paga a la aseguradora privada y la que se paga al ISSSTE sin ser utilizada.

Adicionalmente -y eso sería interesante-, si es que los funcionarios de alto nivel y sus familias llegarán de verdad a atenderse al ISSSTE conocerán las deficiencias y carencias de dicho instituto y habrá exigencia e incentivos para que las decisiones sean hacia una mejora en el nivel de atención de los servicios médicos de dicho organismo público.

El problema es que no está claro si esa mayor demanda que recibirá el ISSSTE va emparejada con un plan de eficiencia y mejor organización de parte de su director Luis Antonio Ramírez para atender la mayor carga que implica la demanda de 2 millones de derechohabientes adicionales que quedan sin cobertura privada de gastos médicos mayores.

Ello sería vital para que la medida de austeridad no implique, en vez de ahorros, mayores costos para el sistema de salud. Que no salga más caro el caldo que las albóndigas...

Lo más probable es que muchos directivos de gobierno busquen mantener el seguro para sí y su familia pagando por su cuenta, y en ello las empresas aseguradoras harán su labor para convencerlos y dar paquetes que les sean atractivos. La pérdida de este portafolio es un muy fuerte golpe para el sector asegurador mexicano que de por sí desde hace rato viene argumentando porque en México el rubro de gastos médicos no sólo ya no es negocio, sino que la industria de seguros sale perdiendo.

Lo malo es que los que se mantengan cubiertos en forma individual seguramente no será bajo las favorables condiciones que el seguro le daba al gobierno considerando el amplio volumen, es decir se pierde un aspecto de eficiencia por la escala que lograba el sector asegurador con la negociación de más de 500.000 primas de cobertura familiar (empleado, cónyuge e hijos) que implicaba los 2 millones de asegurados.

Algo que sí hubiera sido un punto de eficiencia en favor del sistema de salud es que el Gobierno aceptara quedar como negociador de la cuota pagada por sus empleados a la aseguradora. Eso lo propuso Mario di Constanzo desde Condusef, pero ya se ve que no fue bien recibida lo que verdaderamente era una buena idea en favor no sólo de los funcionarios sino del Gobierno como patrón y del sistema de salud que ahora perdió una opción costo/eficiente de cobertura para el segmento gubernamental.

Di Costanzo calculó que el costo promedio de la prima que pagaba el Gobierno a sus directivos era de 1.300 pesos (US$ 65); en cambio al atenderse ahora en el ISSSTE el costo para el Estado sería 11 veces mayor, sobre todo por lo que toca a los derechohabientes con enfermedades crónico-degenerativas. Eso significa que los ahorros que el Gobierno logre al dejar de pagar a las aseguradoras se diluirán rápidamente con el impacto al ISSSTE y a la larga saldrá más cara la medida.

Aún estamos por conocer a detalle cómo será el nuevo esquema del sistema de salud público del país. Lo que sabemos es que ya es un hecho la decisión de sepultar al Seguro Popular y que se regresa a la concentración de decisiones y ejercicio de los recursos desde el Gobierno federal porque se dará marcha atrás a la descentralización. Pero todo ello implica cambios de ley, no se puede hacer simplemente por decreto.

Falta mucha información sobre cómo se aterrizará el nuevo programa que se irá aplicando de manera gradual empezando por los ocho estados del Sur-Sureste.

Y ante la falta de detalles en los cómos, hay temor de que en vez de avanzar se agrande el deterioro en las instituciones públicas de salud.