Instituto de Seguridad Social de Ecuador depurará los contratos con las clínicas privadas
Con el nuevo cambio, los contratos pasarán de durar un año a un plazo de 5 o 6 meses para ser evaluado.
Andes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no terminará con todos los contratos que tiene con las clínicas privadas para la atención de los ciudadanos, sino que iniciará un proceso de depuración de los mismos, confirmó este miércoles el director del Consejo Directivo de la entidad, Richard Espinosa.
En una entrevista con Ecuador TV, Espinosa aclaró que el IESS no suspenderá los convenios de cooperación que mantiene con clínicas privadas sino que se hará una depuración para quedarse con las mejores, después de detectar algunas irregularidades como supuestas complicaciones que obligan a los pacientes a permanecer más tiempo del necesario, operaciones quirúrgicas innecesarias, entre otras.
El IESS tiene firmados 900 contratos con clínicas privadas, que continuarán vigentes hasta mayo de 2016. Tras la depuración, los contratos con las instituciones aprobadas ya no serán anuales, sino que se extenderán por cinco o seis meses para realizar las evaluaciones.
Según el IESS, en el año 2015 se brindó servicio a más de 20 millones de afiliados con un gasto de 1.080 millones. En tanto que, las derivaciones externas privadas atendieron a más de 6 millones de personas, gastando US$ 780 millones.
El presidente de la República, Rafael Correa, anunció en su último informe de labores que el IESS emprenderá un programa intensivo para la construcción de infraestructura sanitaria que permitirá ofrecer una mejor atención a los afiliados y evitará el excesivo pago que se estaba dando a las clínicas privadas.
Además, aseguró que en diciembre de 2016 estarían listos cuatro hospitales públicos, en las ciudades de Guayaquil, Quito, Machala y Quevedo, destinados a abastecer la carga manejada de las derivaciones externas.
Para su construcción el gobierno invertirá de US$ 521 millones. El objetivo es que en 2017 el gobierno destine unos US$ 280 millones a los prestadores de servicios privados en todo el país.
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