Certeza jurídica a la medicina tradicional
Los exhortos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de aprovechar las experiencias y conocimientos de la población sobre medicina tradicional en los sistemas de salud, vienen desde hace 4 décadas. En una Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Kazajistán, la OMS invitó en 1979 a los Estados miembros a incorporar dentro de los servicios de salud los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales de las comunidades.
Desde entonces se han sumado una serie de esfuerzos internacionales para que en el mundo la atención de la salud, particularmente la medicina básica o de primer contacto, se organice a nivel comunitario, con planeación y cooperación con los propios pueblos y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales.
México ha sido participe invariablemente de todas esas iniciativas, y ha firmado y emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales para valorar e incorporar la medicina tradicional y las medicinas complementarias en los sistemas de salud.
Entre ellos el Artículo 24 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes suscrito por México en 1990, la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre Medicina Tradicional y Terapias Alternativas en 2002, la resolución de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud en 2003, la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y una resolución EB124.R9 de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud en 2009.
Pero todos esos acuerdos suscritos por nuestro país han quedado en el papel. Si bien la medicina tradicional está muy presente en muchas poblaciones y -con todo y las barreras que se le intentaron poner en los últimos años- no se ha contraído ni evidentemente se va a acabar. Al contrario, se está incrementando con la llegada de cada vez más médicos que practican herbolaria y otras terapias llamadas alternativas o complementarias. Lo que falta es una participación efectiva de la medicina tradicional o comunitaria dentro del sistema de salud formal.
Sin embargo las cosas podrían cambiar. Hace unos días ingresó en la Cámara de Diputados una iniciativa que va en el sentido de dar certeza jurídica a esta práctica de la medicina tradicional.
Es una propuesta de la bancada panista para reformar la Ley General de Salud con el propósito de alentar el estudio, profesionalización, capacitación y actualización de los profesionales de la medicina tradicional y alternativa, para aprovechar todo su potencial y garantizar el acceso de más personas a la salud. En principio tuvo buena entrada al ser inscrita por el vicepresidente de la Cámara, el diputado Javier Bolaños Aguilar, quien tuvo oportunidad de presentarla abiertamente en tribuna.
Como lo expuso el diputado Bolaños Aguilar, por los múltiples beneficios que ofrece este tipo de medicina, se debe proteger y promover su uso, así como facilitar capacitación a los profesionales que la practican. La medicina herbolaria y tradicional puede ser un camino complementario para alcanzar el derecho fundamental de gozar de buena salud, un gran reto que aún estamos lejos de alcanzar.
El documento se turnó a la Comisión de Salud, para ser dictaminada; esperemos que nuestros legisladores alcancen a discutirla, sin descalificar, sin prejuicios y con sensibilidad, antes de que termine el periodo en abril.
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