El argumento de la aseguradora para negar la adquisición del medicamento Vargatef es que el tratamiento de la enfermedad no estaba contemplado en el contrato de salud suscrito por el afiliado.
Los cargos están basados en acusaciones por incumplimiento de la norma que prohíbe que exista dualidad de funciones entre los ejecutivos de las isapres y las respectivas prestadoras de salud, lo que podría configurar un eventual conflicto de interés, como también el uso de información privilegiada.
Desde el grupo Nexus Partner -los nuevos dueños de la isapre- su vocero Eduardo Sánchez adelantó que su intención es recuperar la confianza de sus afiliados y del mercado.
Con la medida se verán afectados 1,1 millones de cotizantes, que equivalen al 49% del sistema privado. La cifra, si hablamos de beneficiarios -sumando cargas- alcanza a 1.924.332 chilenos que percibirán el alza.
