El caso involucra las licitaciones que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) realizó para 93 medicamentos genéricos y les permitió concentrar el 85% del mercado.
Los cargos están basados en acusaciones por incumplimiento de la norma que prohíbe que exista dualidad de funciones entre los ejecutivos de las isapres y las respectivas prestadoras de salud, lo que podría configurar un eventual conflicto de interés, como también el uso de información privilegiada.
