A casi 10 años de su implementación, la Superintendencia de Salud presentó los resultados del estudio sobre el impacto de la Acreditación de Garantía en Calidad del AUGE, en las prestaciones de salud pública y privada.
Esto, luego de que el presidente de Empresas Masvida (EMV), David Medina, afirmara que el recinto ubicado en Providencia necesita al menos 700 millones de pesos (cerca de US$ 1 millón) para continuar su funcionamiento o deberá cerrar sus operaciones a fines de septiembre sin poder pagar los sueldos de más de 630 trabajadores y 200 médicos.
Esto luego de que se supiera que los acreedores de la exaseguradora reclaman deudas por US$ 238 millones, el doble de los que la propia Masvida calculó al momento de presentar su solicitud judicial en la que declaró pasivos por unos 65 mil millones de pesos (US$ 103,9 millones).
Fue presentada la querella de una de las sociedades accionistas de empresas Masvida, pidiendo al Ministerio Público investigar los delitos de fraude y prevaricación a partir de la venta de la Isapre al holding Nexus.
El libelo puso en antecedentes del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, algunos hechos que darían cuenta de la entrega de estados financieros maquillados por parte de la antigua gerencia de la isapre.
Desde el grupo Nexus Partner -los nuevos dueños de la isapre- su vocero Eduardo Sánchez adelantó que su intención es recuperar la confianza de sus afiliados y del mercado.
Con la medida se verán afectados 1,1 millones de cotizantes, que equivalen al 49% del sistema privado. La cifra, si hablamos de beneficiarios -sumando cargas- alcanza a 1.924.332 chilenos que percibirán el alza.
