La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a través de la disposición 946-12/10/ 2018, habilitó la comercialización al público de la droga para uso ginecológico bajo receta archivada de una droga que sirve entre otras usos principales para la interrupción del embarazo en los casos que contempla la ley.

Durante agosto, una semana después de que el Senado rechazara convertir en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Anmat autorizó al Laboratorio Domínguez a producir y comercializar misoprostol en pastillas de 200mcg (Misop 200), para uso obstétrico y ginecológico, aunque en ese momento, restringió su uso al ámbito hospitalario. En ese momento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto y la Secretaría de Género de Nuevo Encuentro se presentaron ante el organismo para solicitarle que revise las condiciones de venta para que pueda venderse en farmacias.

El misoprostol es una de las drogas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, junto con la mifepristona, para los abortos seguros y se utiliza en la atención pos aborto, además de sus usos para parto y posparto en distintas dosis. Las dos medicinas integran la lista de medicamentos esenciales de la OMS y, como tales, deben cumplir con los requisitos de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad.

Hasta ahora esta droga se distribuía sólo en hospitales, con la nueva disposición, los ginecólogos la podrán recetar a sus pacientes en el consultorio cuando consideren que la mujer está bajo alguna de las circunstancias que prevé la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La medida permitirá que las mujeres adquieran directamente en farmacias bajo receta médica la droga del Laboratorio Domínguez que estará disponible en cajas de 12 pastillas vaginales, la cantidad que se recomienda para un aborto seguro.

El obstetra Mario Sebastiani aseguró en Radio Con Vos que la medida "es un paso importantísimo en el derecho de las mujeres", e hizo hincapié en la responsabilidades que tienen como médicos de recoger el pedido de la sociedad para garantizar el derecho a abortar a pesar de que el Congreso no aprobara la ley.