Los primeros días de noviembre, en São Paulo (Brasil), se llevó a cabo una gran reunión a la que asistieron más de 900 personas. La Cumbre Mundial por la Hepatitis, organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Mundial frente a las Hepatitis (WHA), recibió invitados de 110 países que querían discutir la manera como el mundo les estaba haciendo frente a estas enfermedades. Tras debatir por tres días, publicaron una declaración con 25 puntos. En uno de ellos expresaban su preocupación por el “costo creciente” de los medicamentos para tratar las hepatitis B y C. Es necesario abordar con urgencia esta situación, escribieron.

A esa reunión asistió Francisco Rossi, director de la Fundación Ifarma, una organización especializada en uso y acceso a medicamentos. Un mes y medio después de haber estado en la ciudad más poblada de Brasil, recibió una noticia que había estado esperando desde 2015. El Ministerio de Salud publicó una resolución en la que aseguraba que empezaría el proceso para estudiar si hay o no razones suficientes para declarar los tratamientos para la hepatitis C como de interés público. En otras palabras, la cartera que lidera Alejandro Gaviria comenzaría a analizar si las compañías que hoy tienen las patentes de esos medicamentos dejarán de tener el derecho exclusivo para comercializarlos. Para Rossi, el documento, con fecha del 20 de diciembre, fue el mejor regalo navideño.

Desde hace varios años, la hepatitis C ha inquietado a las autoridades de salud. Como lo muestra la OMS, hoy unos 71 millones de personas la padecen y lo más probable es que, de no acceder a los tratamientos para combatir el virus que la produce, la mayoría desarrolle cirrosis o cáncer en el hígado. Cerca de 400.000 personas mueren anualmente por alguna de estas razones.

Aunque por muchos años la hepatitis C fue uno de los retos difíciles de superar para el mundo médico, en la última década han surgido nuevos y efectivos caminos para frenarla. Pese a que sigue sin existir una vacuna, los nuevos tratamientos que ha desarrollado la industria la curan en el 95 %. Antivirales de acción directa (ADD), los llaman.

Sin embargo, no todos los pacientes pueden acceder a ellos. Una de las principales razones tiene que ver con sus altos precios. “Estos medicamentos son mucho más eficaces y seguros, y mejor tolerados que los tratamientos antiguos”, dice la OMS. “Aunque los costos de producción son bajos, los AAD siguen siendo muy caros en muchos países de ingresos altos y medianos-altos”, recalca.

La historia detrás de los precios de estos fármacos es larga y ha sido documentada en varias ocasiones. Una de las píldoras esenciales, el sofosbuvir, de la multinacional Gilead, presentada al mundo en 2013, tuvo un costo inicial de mil dólares. Entonces, el tratamiento total alcanzaba los $100 millones (US$ 33.540). En EE. UU. llegaba a US$84.000. En Francia estuvo cerca de los US$75.000.

Las peleas de varios gobiernos y ONG para reducir esos precios que podrían poner en riesgo los sistemas de salud, poco a poco empezaron a surtir efectos. En Colombia, el Ministerio de Salud logró bajar su costo en julio de 2017 a través de “compras centralizadas”, un mecanismo creado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir medicamentos a bajo costo. Sus cálculos indicaban que el país, donde hay unas 400.000 personas con hepatitis C, podría ahorrar $296.000 millones (US$ 99,3 millones) en solo un año. En esa medida incluían el Harvoni (combinación de sofosbuvir y ledispavir), producido por la farmacéutica Gilead, y la combinación de Daklinza (producidos por Bristol-Myers Squibb) y sofosbuvir. El primer tratamiento bajó de $114,3 millones  (US$ 38.395) a $23,5 millones (US$ 7.894). El segundo redujo su precio de $137,2 millones (US$ 46.104) a $29 millones (US$ 9.745).

Aunque en conversación con El Tiempo, Gustavo Morales, presidente de Afidro, entidad que agrupa a las principales compañías farmacéuticas, dijo que esa medida bastó y no es necesario hacer la declaratoria de interés público que estudia el Minsalud, Francisco Rossi, de Ifarma, cree otra cosa. Dice que, en caso de que se adopte la medida, esos fármacos pueden llegar a costar cerca de $1 millón (US$ 336). “¿Será que no vale la pena?”, se pregunta.

En el documento que él radicó ante el Ministerio en octubre de 2015, haciendo la solicitud de interés público, incluía en total 13 medicamentos usados para tratar ese tipo de hepatitis. Por sus altos precios, argumentaba, no todos los pacientes podían acceder a ellos y por eso era clave autorizar la entrada de genéricos.

Si bien la medida tomada por el Minsalud en julio fue vista con buenos ojos por las organizaciones que han estudiado el acceso a medicamentos, siguen existiendo detalles que las inquietan en relación con la hepatitis C. Los cálculos del Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica (Observamed), dirigido por el doctor Óscar Andia, muestran que en los últimos años algo no anda bien. Mientras que en 2014 y 2015 el número de unidades vendidas para tratar esta enfermedad fue un poco más de mil, en 2016 ese registro se cuadriplicó. Estuvo cerca de los 4.500. Ese crecimiento se vio reflejado en las ventas: en 2014 y 2015 no alcanzaron a superar los $10 mil millones (US$ 3,3 millones), pero en 2016 se aproximaron a los $55 mil millones (US$ 18,4 millones). Lo extraño es que en ese lapso los casos notificados al Instituto Nacional de Salud se mantuvieron constantes. Entre los medicamentos más vendidos estaban Viekira, de Abbive-Abbott, y Daklinza, de Bristol-Myers Squibb.

Para Andia esos recobros pueden ser mucho más significativos en términos de valores que los del sofosuvir, incluido en la media del Minsalud. A su parecer, será el análisis de 2017 y 2018 el que muestre si esa propuesta fue del todo eficaz. Entre sus dudas hay un tema que, al igual que a Rossi, lo inquieta: la posibilidad de que este proceso de declaratoria de interés público tarde lo mismo que el del imatinib, que salió adelante dos años después tras presiones internacionales y de la industria.

Pero en este debate hay también un asunto de fondo y que habría que analizar con mucho más detalle. Oscar Lizarazo, profesor de la facultad de Derecho de la U. Nacional y experto en temas de propiedad intelectual, lo resume de la siguiente manera: “Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el país en Suramérica que más patentes ha concedido en este tema. Ha otorgado más que Chile o Perú, que son amigables con la protección extranjera. Brasil no las ha concedido. En Argentina tampoco hay patente de sofosbuvir. Allí hay una empresa de genéricos que comercializa el tratamiento completo por US$ 1.500”.

Su pregunta es si Colombia, en su afán por otorgar patentes, ha dejado la evaluación de la calidad en un segundo plano. Intuye que sí y eso, en sus palabras, puede estar reduciendo la competencia y favoreciendo el monopolio. Uno de los datos que lo inquietan y que le sirve como ejemplo es este: en 2015 de las 2.242 solicitudes de patente de invención que se presentaron en el país, 630 provinieron del campo farmacéutico. Ahí, dice, puede estar el inicio del problema de esta gran discusión.