Una cosa que se evidenció la pasada semana en la comparecencia de funcionarios de salud en el Senado es que con la llamada compra consolidada de medicamentos y material de curación para el segundo semestre, lo que realmente está haciendo la presente administración es más bien una especie de experimento.

Y de cierta manera lo dijo la oficial mayor de Hacienda Raquel Buenrostro: que por un lado, sin haberse cambiado las reglas, tienen que hacerlo de manera diferente por orden presidencial. Y por otro, los objetivos máximos o propósitos clave son claros: antetodo eliminar riesgos de corrupción y comprar más con menos. Y considerando esa base, se entiende, no buscan mejorar procesos ni ser más eficientes ni lograr más calidad. En este contexto, aunque busquen medicamentos gratuitos para todos, el paciente realmente no es la prioridad.

Y es que aparte, en este esfuerzo se suma la dificultad de que debe ser a todo vapor y en tiempo récord. Estas compras tan complejas de proveeduría e insumos se planean y hacen con un año de anticipación. Ello es sabido. Las compras consolidadas de fármacos de parte del Gobierno mexicano vienen desde hace dos sexenios.

En la presente administración, ante la irremediable desconfianza por todo lo que viene de atrás, lo buscan hacer de otra manera; no importa que sea improvisada, lo importante es que sea diferente. La compra piloto que está corriendo es para abasto del segundo semestre.

Si no existiera esa ansiedad por deshacer todo lo existente, hubieran permitido continuar el abasto de la compra hecha en noviembre pasado para todo 2019, y planificar mejor la compra para el abasto del 2020 ya a su manera.

Pero decidieron romper el curso y en el camino se están eliminando esquemas que funcionaban bien. Es el caso de Censida que, conocedor de los requerimientos de los pacientes con VIH, y bien vigilado por organizaciones

de pacientes, no sólo planeaba y programaba la compra de terapias sino incluso tenía su presupuesto para comprar, y ahí sin tema de desvío de recursos porque entregaba cajas de medicamento, no dinero. Pues a Censida le quitaron también la opción de continuar en ese esquema; le rompieron su inercia, metieron en jaque a los programas de abasto de antiretrovirales y de ahí las quejas de pacientes por falta de tratamiento en varios estados. Y eso que este segmento de VIH es de los que han garantizado inventarios que les permite tener colchón de abasto. No es el caso de muchos otros padecimientos.

Todo este proceso empírico primero se intentó iniciar desde el Seguro Popular pero ante la falta de capacidad, ha terminado en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando realmente le corresponde al Sector Salud. Es decir que la forma en que se está haciendo hoy es muy suigéneris por fuerza de necesidad, y no se repetirá.

Por lo pronto, no se logró incorporar a todos los estados. Se subieron 23. Faltaron Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas. Colima y Zacatecas sólo se adhirieron para material de curación.

El riesgo de desabasto se acrecienta
En todo este proceso está habiendo gran desabasto en muchos hospitales donde los pacientes se están quedando sin terapias vitales. Y como se ve, en los siguientes meses la situación se agravará. El surtimiento de la compra actual empezará en julio y depende, otra vez, de mecanismos de distribución experimentales que está por verse cómo funcionarán.

La titular del Seguro Popular, Ivonne Cisneros responsabiliza a la gestión de cada estado, pero no podía esperarse otra cosa si les cambiaron las reglas y de un momento a otro.

Ya se verá, en función del resultado que obtengan en esta primera práctica, cómo se realizará la compra de medicamentos e insumos de salud para 2020 y para el resto del sexenio.