El mercado de medicinas ilegales movería alrededor de US$ 150 millones en el Perú, lo que representa el 10,5 % del mercado farmacéutico formal valorizado en US$ 1.500 millones o 5.000 millones de soles, aproximadamente.

Así lo revela el estudio de Videnza Consultores que encargó la Asociación Nacional de Cadena de Boticas (Anacab). Esta reconoce que el comercio de medicinas ilegales genera graves daños en la salud, pérdidas económicas a pacientes y erario, y evasión tributaria.

El informe advierte que el 55,1% de los casos de medicinas ilegales reportados ante la Dirección General de Medicamentos (Digemid) proviene de establecimientos farmacéuticos como farmacias, boticas, distribuidoras y laboratorios con prácticas informales.

La investigación, que se presentó durante el seminario Análisis del acceso a medicamentos en el Perú organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), también mostró que los medicamentos más falsificados fueron los que actúan sobre el sistema nervioso (26,93 %), antibacterianos para uso sistémico (18,97 %), los que actúan sobre el sistema genitourinario y hormonas sexuales (18,88 %) y el tracto alimentario y metabolismo (17,41 %). 

Respecto a la forma farmacéutica, los comprimidos (43.51 %) y los comprimidos recubiertos (27.09 %) fueron los más falsificados.

Otras consideraciones

Otro estudio, “Medicamentos ilegales en el Perú: Diagnóstico de la situación y recomendaciones de política” que recogió diversos estudios realizados sobre la materia, concluyó que en Lima se detectó la mayor cantidad de medicamentos falsificados (34.8% de todos los casos), en La Libertad (17.4%), Junín (17.4%), Loreto (7.7%) y Cajamarca (6.6%).

Los medicamentos ilegales son un problema de salud pública, sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1985. 

Se les considera ilegales porque son falsificados, adulterados, robados, de contrabando y provienen de la venta de muestras médicas. 

Las causas de su comercialización son múltiples: limitado acceso de la población a medicamentos que por desatención busca alternativas a sus necesidades, gobernanza débil de la autoridad de medicamentos y falta de trazabilidad del proceso de abastecimiento. 

A todo ello se añade un contexto de informalidad e impunidad, que favorecen el desarrollo de ese mercado.

Recomiendan políticas públicas

Para hacer frente a este comercio ilegal, con graves consecuencias en la salud pública e individual, la doctora Janice Seinfeld, de Videnza Consultores, recomendó que una sola institución del Estado con capacidad, liderazgo y un equipo de élite asuma conducción.

“Se debe definir un dueño del proceso para la planificación y realización de acciones estratégicas contra el comercio de medicinas ilegales. Habría que analizar la posibilidad de que esta función la asuma Indecopi”, agregó.

Recomendó aplicar la trazabilidad mediante el estándar de datos para productos farmacéuticos en el sistema de salud, incluyendo a actores públicos y privados, desde su producción hasta que llega a manos del paciente.

Explicó que es necesario reorganizar y fortalecer la Digemid como la autoridad nacional encargada de los medicamentos en todo el país.

También propuso ampliar la oferta formal de medicamentos a los ámbitos urbano marginales y pequeñas ciudades o poblaciones para mejorar la cobertura y el acceso a los medicamentos en el Perú.