EXIT, la organización suiza de suicidio asistido, dijo que en 2018 ayudó a un total de 1.207 personas a poner fin a su vida, en comparación con los 1.031 casos de 2017.

La ley suiza tolera el suicidio asistido cuando los pacientes realizan la acción ellos mismos y quienes los asisten no tienen ningún interés particular en su muerte.

El suicidio asistido ha sido legal en este país desde los cuarenta.

La edad promedio de las personas que recurrieron al suicido asistido en el 2018 fue de 78 años y el 57% fueron mujeres.

El cáncer terminal encabeza las razones por las cuales la gente buscó el suicidio asistido con 344 casos, seguido de problemas de salud relacionados con la edad y afecciones de dolor crónico.

Para fines del año pasado, el número de nuevos miembros del grupo registró un alza de 2.681 para llegar a 28.762 personas.

De acuerdo con un informe de la agencia noticiosa suiza Keystone SDA, Suiza tiene dos grupos principales que ofrecen la posibilidad del suicidio asistido: EXIT y Dignitas.

Dignitas acepta asistir a extranjeros y EXIT, la principal organización de Suiza, sólo atiende a ciudadanos suizos o a residentes permanentes.

Los miembros deben cumplir con criterios específicos para poder usar estos servicios al momento de decidir poner fin a su vida.

Los dos grupos sólo proporcionan sus servicios a personas con enfermedades terminales, a quienes viven con dolor extremo, con síntomas "insoportables" o con una discapacidad intolerable, dijo Keystone SDA.

La persona que desee morir debe saber lo que hace, no actuar por impulso, tener un deseo persistente de morir, no estar bajo la influencia de un tercero y quitarse la vida por propia mano.

Normalmente, la muerte es inducida por medio de una dosis letal de barbitúricos recetados por un médico. La ingestión del fármaco, ya sea bebido o suministrado por medios intravenosos o tubos estomacales, debe realizarla la persona que desea morir.

En 2006, la Corte Federal Suiza determinó que todas las personas en su sano juicio, sin importar si tienen una enfermedad mental, tienen derecho a decidir cómo morir.

El Gobierno examinó diferentes opciones para regular las prácticas del suicidio asistido y en junio de 2011 decidió no realizar cambios en la ley, sino fortalecer la prevención del suicidio y los cuidados paliativos.