El excesivo uso de los tribunales para conseguir respuestas forzadas en materia de salud es un fenómeno que se ha venido incrementando en todo el continente americano y las autoridades sanitarias nacionales ya están viendo cómo enfrentarlo conjuntamente.

La excesiva judicialización de la salud donde empresas, personas y organizaciones civiles presentan denuncias para obtener lo que sea, es un fenómeno que preocupa a las autoridades de los sistemas de salud de América y están viendo cual es la mejor manera de abordarlo.

Fue una de las 10 prioridades a trabajar dentro del grupo de Autoridades Regulatorias de Referencia Regional (ARNr) que integra a las 8 principales agencias de América. Así lo acordaron en su reciente reunión en diciembre pasado, donde todos coincidieron en que hay una excesiva judicialización a la que hay que hacer frente sobretodo cuando esas estrategias judiciales vienen de empresas multinacionales que buscan limitar la entrada de terapias biocomparables o biosimilares a la región.

De hecho este punto lo propuso la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y quedó entre las 10 prioridades de la agenda grupal 2018-2019, que será el periodo coordinado por México, específicamente por Julio Sánchez y Tépoz, titular de Cofepris.

Hay que decir que hablar de judicialización no es algo negativo en sí mismo. El tema se torna perjudicial cuando hay un abuso con esquemas reiterativos donde el propósito es restringir el acceso al mercado de ciertos productos como son los medicamentos biocomparables. Al final son estrategias que artificiosamente restringen la competencia.

El asunto de la judicialización de la salud, nos comparte Sánchez y Tépoz, tiene que ver sí con propiedad intelectual y las empresas productoras de medicamentos, pero también es asunto que afecta a los profesionales de la salud, las instituciones de atención médica, las autoridades del sector salud y los mismos tribunales.

Un dato revelador como parte de estas estrategias es que la Cofepris recibió en el 2017 unas 8.000 solicitudes de información del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Son promovidas por abogados o agencias de estrategia que así obtienen datos y buscan la manera de utilizarlos forzadamente para encontrar el más mínimo error o falla a fin de orillar a algún juez a retirar algún producto ya autorizado. De esa manera algunas empresas farmacéuticas logran limitar la entrada de fármacos, específicamente biocomparables. Cuando una estrategia les funciona en un país, la van trasladando hacia otros y así van forzando los sistemas de salud para evitar el acceso de terapias a costos más accesibles en la región.

La idea de ARNr es enfrentar esos mecanismos compartiendo información sobre juicios prototipos porque ya ubicaron que en toda la región se usan los mismos esquemas. Lo que tienen claro las autoridades sanitarias  es que no van a dejar de cumplir y resguardar la parte científica de los productos y la seguridad para el paciente. La consigna es que si un producto demuestra calidad, seguridad y eficacia, debe introducirse rápido al mercado en beneficio del paciente y de la salud pública.