El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), ese think tank conformado originalmente para recuperar la memoria histórica de la banca mexicana e impulsar el bienestar económico del país, agregó hace unos años dos pilares vitales en sus estudios para incidir: movilidad social y protección social. Por tanto, necesariamente incluyó el tema de salud.

Presidido por Amparo Espinosa Rugarcia, hija de Manuel Espinosa Yglesias -uno de los empresarios más destacados del siglo XX en México quien creó el emporio de Bancomer, después expropiado por el gobierno y posteriormente vendido al grupo español BBVA-, el CEEY se suma a las voces que piden una profunda y urgente transformación del sistema nacional de salud (SNS) como requisito indispensable para seguir impulsando la competitividad y productividad de México.

“Los avances de México en materia de salud son a todas luces insuficientes. El Sistema Nacional de Salud tiene serias fallas de diseño, cobertura y asignación de recursos. Mantener el sistema actual cuesta años de vida y pérdida de salud, sobretodo para la infancia. Un sistema de seguridad social universal, con un padrón sólido de derechohabientes y un gasto progresivo resulta más que urgente”.

En el documento “Estado y Perspectivas del Sistema Nacional de Salud”, con aportaciones de 17 expertos y coordinado por Rodolfo de la Torre, el CEEY plantea con todas sus letras que, sin embargo, a pesar de esa vital urgencia de una nueva generación de reformas al sistema de salud mexicano, hay una evidente falta de voluntad política.

En seguimiento a una primera propuesta que hablaba del México del 2013, el documento reciente del CEEY hace ver cómo en 5 años, ante sus enormes retos, el sistema no cambia: aún no se separan plenamente las funciones de rectoría de las de financiamiento y prestación de servicios. La constitución de un fondo único para el financiamiento de las instituciones aún es lejana, al igual que la portabilidad de los derechos a ser atendido. Aunque hay avances, no existe un padrón único ni la integración de recursos ni la coordinación de instituciones y homologación de prestaciones básicas bajo criterios de equidad y libertad.

Reconoce que una reforma estructural requiere un compromiso renovado para alcanzar la universalidad de los servicios de salud, para hacer efectivos los derechos a la máxima salud factible, y ello implica necesariamente una reforma financiera y hacendaria profunda. En tanto, al menos tendrían que evitarse a toda costa nuevos recortes al presupuesto en salud.

Sin embargo, aun sin haber logrado esa reforma fiscal necesaria, el CEEY refiere acciones de corto plazo en el SNS que bajo acuerdos institucionales podrían ponerse en marcha:

Entre ellos, conformar la figura de defensor de los pacientes frente al SNS –algo parecido a los gestores médicos que juegan un rol de ajustadores del Seguro Popular en los estados- a fin de que los usuarios se empoderen y logren una relación más equilibrada frente al prestador de servicios de salud, y puedan así demandar servicios con calidad y obtenerlos.

Aparte, generar información junto con rendición de cuentas sobre el desempeño del sistema en aspectos tales como: tiempos de espera, mortalidad, diabetes, esperanza de vida por regiones o por municipios para identificar brechas, condiciones e indicadores de calidad en el servicio de hospitales, acceso efectivo, etcétera.

Crear el padrón único de afiliados que permita la portabilidad y el uso del expediente clínico electrónico; reconocer y remunerar a los cuidadores familiares o allegados de enfermos crónicos que enfrentan gasto empobrecedor, y resolver los problemas de inventario, retraso y entrega incompleta de terapias prescritas, ya que 44% del gasto de bolsillo se destina a la compra de medicamentos. Estos y otros cambios inmediatos el CEEY pone sobre la mesa, previos a las grandes reformas esperadas también necesarias.