Contradicciones en Salud

En México, según datos de algunas organizaciones, la negligencia médica no se denuncia debido a que los pacientes o sus familias tienen miedo a enfrentar represalias, o que de plano se les nieguen los servicios de salud. Es así que uno de los frentes que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que atender es la garantía de que la ciudadanía afectada por alguna negligencia médica presente quejas y denuncias sin temor alguno, que permitiría contar con indicadores confiables que lleven a la mejora en la atención médica que se brinda en el país a través de instituciones públicas y que hoy día resulta muy cuestionable.

Situaciones como las que se presentaron tras la denuncia de personas que padecen Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ante la falta de medicamentos, y cuya respuesta gubernamental fue la adquisición de los fármacos a través de una empresa vetada por el gobierno, puso en la agenda mediática las condiciones en que opera el sistema nacional de salud. Lo mismo sucedió con pacientes de cáncer, principalmente niños que son atendidos en hospitales públicos.

Surgieron críticas, análisis y declaraciones; entre ellas, destacó la del presidente del PAN, Marko Cortés, para quien en seis meses del gobierno de López Obrador se ha generado una crisis que coloca el colapso de la distribución de medicamentos como un riesgo inmediato que ha venido a profundizar la crisis en la prestación de los servicios de salud.

Sin embargo, en su balance, Cortés Mendoza omitió recordar que en el 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, los mismos pacientes denunciaron una crisis de mayores dimensiones: mil 119 portadores del VIH se quedaron sin atención institucional de la noche a la mañana.

Ese año, el doctor Onofre Muñoz Hernández, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pediatra e infectólogo por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocupaba la Dirección de Prestaciones Médicas de ese instituto, y tras acusar que la falla sólo era imputable a los proveedores evadió cualquier responsabilidad en el asunto.

Después de esos acontecimientos, en el año 2007, recibió una jugosa liquidación de 14 millones de pesos, mientras que su colega, el doctor Armando Franco, jefe de Personal y Desarrollo, se llevó 11 millones de pesos.

Muñoz Hernández recibió del exsecretario de Salud, José Narro Robles, el nombramiento de titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), ello, a pesar de que ya se desempeñaba como presidente del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), organismo que se encarga de la certificación de los médicos especialistas de todo el país, es decir, se volvió “juez y parte”; sanciona las malas prácticas de los médicos que él mismo certifica.

Es indispensable que el actual gobierno empiece por ubicar a los funcionarios que desde administraciones pasadas han utilizado el sistema de salud para fines personales y de enriquecimiento personal o aquellos que han ocupado cargos de importancia en la Secretaría de Salud con poca efectividad y que permitieron que se dieran al interior de los centros hospitalarios hechos de corrupción, entre los que también se encuentra el doctor Sebastián García Saisó, director general de Calidad y Educación en Salud de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien poco o nada ha hecho por los servicios de atención médica o por la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud y que trabaja en la Secretaría desde el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Solamente de esa manera, con trabajo y dedicación, podremos rescatar un sector cuyo deterioro se ha profundizado en los últimos años en detrimento de la atención a los derechohabientes que hoy claman por un mejor servicio.