Resulta difícil hablar de la práctica médica en el ámbito privado en virtud de que, quienes la practicamos, nos sentimos cómodos con la libertad que implica.

La libertad de prescripción, así como de articular los tratamientos que consideramos mejores para el caso concreto de nuestras pacientes, nos permite no solamente solucionar el problema de salud, sino también cumplir con sus expectativas.

Los problemas surgen en el momento del abuso de dichas libertades que puede conducir a tratamientos inadecuados, excesivos y hasta conductas que rayan en lo criminal.

En más de una ocasión he mencionado en este espacio la necesidad urgente de articular controles de calidad y de proceso para impedir los abusos; y en algunos hospitales privados se están dando los primeros pasos hacia la consecución de dichos objetivos.

Al tiempo de iniciar cualquier estrategia nueva en una organización humana, normalmente aparecen dificultades para su implementación y contradicciones evidentes, por lo que los encargados del proceso deben permanecer muy atentos a la solución de dichos problemas.

Quiero poner como ejemplo una experiencia propia reciente en el Hospital San Ángel Inn Universidad, donde ordené el internamiento de una mujer con embarazo de término con la idea de intentar una  prueba de trabajo de parto.

Personalmente, permanecí en el nosocomio durante el proceso, y al detectar que el parto no progresaba con la celeridad necesaria y, además, hubo un cambio en el líquido amniótico que podría traducir algún problema del feto, decidí practicar una intervención cesárea.

Comuniqué mi decisión a la mujer, así como a su familia, manifestando ella su aceptación.

Acto seguido solicité al personal del hospital trasladar a mi paciente al quirófano de manera urgente y para mi sorpresa, a pesar de múltiples insistencias de mi parte, los procesos administrativos, llenado de formatos, firmas de todos los involucrados, etcétera, etcétera, etcétera, provocó que dicho traslado demorara mas de una hora.

Por mera obra del azar, al feto de mi paciente no le ocurrió nada grave durante esa injustificada espera y cuando lo extraje del seno materno se encontraba todavía sano; pero forzar al llenado de todos los formatos administrativos, cuando tenemos una emergencia médica es el peor de los sinsentidos.

Es un absurdo. Frente a cualquier urgencia, el personal médico y paramédico debe actuar primero para salvar la vida y, una vez controlada la situación, se procederá al cumplimiento de todos los requisitos administrativos necesarios y exigidos por las normas.

Esto, que parece del más elemental sentido común, en aquel hospital lo están perdiendo de vista y, por supuesto, nadie me preguntó absolutamente nada respecto de la calidad de atención que recibió mi paciente que, desde luego, la califico como pésima; aunque reconozco que la intención de documentar todo el acto médico de acuerdo con las normas vigentes es un noble objetivo.

La nueva autoridad sanitaria federal tiene ahora la responsabilidad que ignoró la administración previa, de articular orden y vigilar la calidad de la medicina que se otorga en el ámbito privado de la salud.