El miércoles, la Cámara de Diputados de Argentina sancionó la Ley Justina, norma que, en palabras de sus impulsores, marca un antes y un después en la donación de órganos en el país vecino.

Y es que una vez que entre en vigencia esta norma, luego de que el Ejecutivo la reglamente, todos los ciudadanos argentinos pasarán a ser potenciales donantes de órganos, a menos que declaren expresamente que no desean serlo.

La aprobación de la Ley Justina, cuyo nombre fue elegido en homenaje a Justina Lo Cane (una niña de 12 años que falleció el año pasado por no recibir un trasplante de corazón a tiempo), representa un significativo avance en materia de salud en  Argentina. Y es que en países en los que las personas deben manifestar en un formulario su deseo de ser donantes, tal como ocurre actualmente en Bolivia y sucedía también en Argentina hasta el miércoles, la escasez de órganos es la norma.

En cambio, en aquellas naciones en las que se presume lo contrario, es decir que cualquier ciudadano que no se ha opuesto a ser donante pasa a ser considerado como tal cuando fallece, la disponibilidad de órganos se incrementa significativamente.

Tomando en cuenta que en Bolivia es muy difícil cubrir la demanda de órganos, y no solo por la falta de donantes, sino también por la negativa de los familiares de ceder (gratuitamente) partes del cuerpo de sus seres queridos incluso si éstos en vida dispusieron que así sea, sería más que deseable la aprobación de una ley similar a la que suscita el presente comentario por estos lados.