El gasto pone en jaque al sector salud, no sólo público, sino privado.

Mientras en el sector privado el gasto de salud bolsillo es equivalente al equipamiento del hospital o a la condición de una póliza de seguro, en el sector público la falta de una verdadera reforma y de presupuesto se vuelve el peor de los enemigos.

En el sector público las pérdidas de ingresos de los hogares por el gasto de bolsillo por enfermedades crónicas alcanzan 1% como proporción del PIB, mientras que en el sector privado pueden elevarse hasta 5% del PIB.

Como prueba, un botón. En México se calcula que 6,7 millones de adultos padecen diabetes, es decir, 9% de la población, así que, si una familia promedio tuviera que pagar 20% del tratamiento, tendría que tener ingresos anuales disponibles por 101.000 pesos (US$ 5.100), y de 131.357 pesos (US$ 6.700) de atenderse en el sector privado.

¿Qué se tiene que hacer? A decir de especialistas e instituciones como el IMCO, bajo la dirección de Manuel Molano, todo debe comenzar por una verdadera reforma en salud.

Porque las pérdidas que se están generando por el descontrol existente ya equivalen a 42% del presupuesto en salud. Y se calcula que el ingreso perdido promedio proyectado de los hogares para el 2030 será de 302.000 millones de pesos (US$ 15.474 millones), 2,8 veces el presupuesto de Sedesol, 7,3 veces el presupuesto de la UNAM y 6% del equivalente a la inversión.

Es fundamental lograr una reforma profunda que garantice el acceso universal, con un presupuesto acorde, crear métricas de calidad en los servicios de salud, diseñar una política nacional de datos de salud que incluya al sector privado.

Conformar una Subprocuraduría de Servicios Privados de Salud dentro de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que colabore con la Secretaria de Salud, dado que no hay institución que garantice que el sector salud privada funciona correctamente, y que las personas puedan tener un organismo que las oriente e instruya.

Difundir resultados de evaluaciones costo-beneficio de tecnologías médicas y garantizar que los servicios de salud se presten en condiciones de competencia y calidad son otras de las medidas a tomar.

Así como otorgar incentivos fiscales a los consultorios adyacentes a farmacias que contraten médicos generales con la certificación del Consejo Normativo General de Medicina General.

En la actualidad la proliferación de consultorios vía farmacias o alternos prolifera sin control alguno, incluso apegados a un incentivo llamado medicamento, prescribiendo al paciente hasta 3 o 5 veces más de lo que necesita.

Fortalecer la certificación del Conamed, bajo la tutela de Miguel Ángel Lezana, sería fundamental para integrar contenidos sobre la calidad en la atención de primer contacto, así como los padecimientos de mayor prevalencia y severidad, a fin de evitar que los pacientes lleguen a desarrollar enfermedades crónicas y que se traduzca en un costo mayor.

¿Es mucho pedir? Tal vez sí, pero el sistema de salud se encuentra en una encrucijada.

De acuerdo con el IMCO, más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud.

México es el segundo país de la OCDE con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en salud. Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la proporción de hogares con gastos catastróficos en salud aumenta considerablemente en países donde el gasto en salud es menor.

En fin, ojalá que se puedan dar pasos rumbo a cambios de fondo y no de forma. De lo contrario, cualquier programa, por más bueno que sea en la teoría, en la práctica podría caer en un buen deseo, o lo peor, en un lastre más para el sistema de salud.