Uno de los asuntos más controvertidos en la agenda nacional -de México- al que se le tendrá que dar salida conforme se consolide el proyecto de reconstrucción por los recientes sismos es el de la legalización de la mariguana para fines recreativos y médicos; el primer punto ya ha sido superado, y en proceso está el de reglamentación. Este segundo punto, en arduo debate aún por superar. Independientemente de la discusión política o ética, el gran negocio de la cannabis podría venir para las farmacias independientes con ingresos adicionales por 6,000 millones de pesos, o al menos eso es lo que estima la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorio (UNIFACC), que preside Óscar Zavala.

La despenalización gradual del estupefaciente incrementa las probabilidades de éxito para el tratamiento en México de enfermedades como la esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer y el llamado síndrome de Lennox-Gastaut, lo cual permitiría afianzarnos también en el mapa del turismo médico. Luego de que el pasado 27 de junio se aprobó en el Congreso de la Unión el uso de la mariguana con fines terapéuticos, las autoridades delinean ya el reglamento que buscará regular la producción, venta y distribución de medicamentos derivados de este producto, mismo que, según la reforma a la Ley General de Salud, deberá estar listo el 20 de diciembre próximo. Se espera que para el 2018 las farmacias mexicanas podrían tener ya a la venta medicamentos derivados de esta yerba; esto, por supuesto, con la previa liberación de la Cofepris, de Julio Sánchez Tépoz, de los permisos correspondientes para las empresas que importarán, comercializarán e incluso producirán la mariguana en territorio nacional. Entre las empresas interesadas en participar, anote a HempMeds México, que dirige Carlos González, subsidiaria de la compañía Medical Marijuana Inc, que a finales de junio abrió oficinas en Monterrey, como parte de su estrategia para arribar a este mercado. Suenan también firmas como Senosiain, Genomma Lab, Liomont y Bruluart.

Las dimensiones que podría alcanzar este mercado pueden imaginarse si se compara con las que este mismo negocio ostenta en Estados Unidos: unos US$ 3.500 millones en el 2015, esto según la firma de investigación ArcView Group. El tema es ya una realidad palpable y el país parece estar ya preparado.

Abundante Corrupción

Una vez más se canceló la mesa de discusión sobre la Ley de Obra Pública de Jalisco que busca, entre otras cosas, frenar la corrupción en la asignación de obra pública en la entidad. Al parecer, los intereses políticos y grupos ajenos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco están ejerciendo presión para detener la aprobación de la legislación, atentando con ello contra el impulso que se está dando a nivel nacional al Sistema Nacional Anticorrupción y a la promoción de la transparencia en las licitaciones de obra pública para meter freno al moche y al famoso maicero. El 26 de septiembre, los integrantes de la CMIC Jalisco fueron plantados en la Comisión de Desarrollo Urbano, cuyo titular es Ramón Guerrero. La cancelación de la junta fue notificada vía telefónica al presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, mientras que a los medios se les informó vía Whatsapp: “La reunión se pospone para este jueves 28 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Estamos tranquilos y seguros de que va a llegar a buen puerto esta iniciativa y que pasado mañana estaremos teniendo resultados”, comentó Méndez Jaled.

Voz en off

Muy activos se les ha visto a los directores mundiales de Scholas, José María del Corral y Enrique Palmeyro, quienes están en nuestro país, así como al presidente del Consejo Asesor mexicano, Héctor Sulaimán, para establecer junto con autoridades civiles y eclesiales las acciones a desarrollarse con las comunidades educativas más afectadas por los sismos.