Los millonarios desvíos de recursos del Seguro Popular de parte de algunos gobernadores hoy presos o sujetos a proceso fue el más lamentable hecho de los últimos años, porque a partir de ahí quedó para ciertos grupos un estigma sobre dicho organismo que lo que realmente es, como su nombre lo indica, un esquema de aseguramiento público que garantiza la cobertura financiera para la atención en salud de toda esa población que por no tener empleo no contaban con ninguna protección médica.

Hoy son 53,5 millones de mexicanos.

Después de esos desvíos, la Federación endureció las reglas para su fiscalización, impuso candados para el ejercicio de los recursos y quitó a los estados el control del presupuesto del Seguro Popular.

Hoy el ejercicio de sus recursos es mucho más transparente y condicionado para los gobernadores a que verdaderamente demuestren que lo destinaron para la salud de su población.

Con todo, conforme datos de Coneval y la OCDE, si se logró que el gasto de bolsillo bajara de 55,7% del gasto total en salud en el 2003 a 41,4% para el 2015.

Aun así, seguramente es perfectible y se le pueden hacer mayores ajustes e incluso cambiarle el nombre, como lo proyecta el doctor Jorge Alcocer, posible próximo secretario de Salud, pero de ahí a desaparecerlo hay un mar de distancia. No podemos darnos el lujo de retroceder lo andado en tres quinquenios.

Finalmente, el Seguro Popular funciona bajo un fideicomiso que es un instrumento financiero de naturaleza pública, constituido por mandato de Ley, manejado por encargo fiduciario, sin personalidad jurídica ni personal propio y cuyo objeto es crear un mecanismo ágil y transparente que permite al gobierno federal tener recursos para atención en salud que este año suman 71.200 millones de pesos (US$ 3.771 millones).

El mayor riesgo es que el control de este presupuesto, hoy bajo vigilancia, vuelva a manos de los administradores públicos que tengan opción de manejarlo con opacidad y bajo condiciones asistencialistas con intenciones políticas.

Algo en lo que sí podría avanzarse es en conformar un tabulador común que defina el costo único por padecimiento para que haya portabilidad o intercambio de servicios del Seguro Popular con el IMSS y el ISSSTE y así cualquier mexicano pueda recurrir al hospital o clínica más cercana sin importar en cual organismo esté afiliado. Ello sería un paso enorme en transparencia y rumbo a la unificación del sistema de salud mexicano como prevé el próximo equipo.

Antonio Chemor, actual titular del Seguro Popular, nos comparte que ya hay avance en la portabilidad de la atención médica entre las 32 entidades federativas. Fueron 2.103,8 millones de pesos pagados acumulados desde el 2014 entre entidades federativas por la atención que otorgaron a quienes se atendieron en un estado diferente de donde residen sin tener que desembolsar el costo total de su atención.

Ello fue a partir de un convenio entre estados y una posterior reforma en el 2015. Igualmente empezó a aplicar para los institutos nacionales de salud y los hospitales federales de referencia a los cuales el Seguro Popular ha pagado más de 412 millones de pesos (US$ 21,8 millones).

Lo ideal es que esta portabilidad se transfiera igualmente con IMSS e ISSSTE. Con éstos ya hay un paso dado en VIH, donde se preveía que el Seguro Popular asumiera la cobertura de 96.000 pacientes inmunodeficientes y finalmente está cubriendo la atención de 93.000. En contraparte hay 6.154 pacientes que atiende el Seguro Popular pero deben ser pagados por IMSS y otros 1.740 que corresponde pagar al ISSSTE aunque se seguirán atendiendo con el Seguro Popular. Lo importante es que se hablen entre instituciones y que cada vez sean más los paquetes cubiertos a un mismo costo transparente, independientemente de donde se atiendan.