La posibilidad de integrar al IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y otros sistemas como el de salud de Pemex, para crear el Sistema Universal de Salud, se ha analizado desde hace tiempo, sin posibilidad de concretarlo porque parten de conceptos distintos y de la estructura misma del mercado laboral.

El patrón Estado es distinto del casi millón de patrones con registro en el Seguro Social y sus trabajadores, que contribuyen con poco más del 6.3 por ciento de la aportación para fondear el sistema de cesantía, pensión, salud y vivienda; mientras que en el caso del ISSSTE, que será dirigido por Luis Antonio Ramírez, el trabajador al servicio del Estado sólo contribuye con el 1.125% del 6.5% de la aportación y el resto lo realiza el Estado.

Por último, en el caso del Seguro Popular, dirigido a el fondeo, proviene de presupuesto federal y estatal, sólo tiene cobertura para servicios de salud básicos y supone aportación para la atención de parte del afiliado que, de entrada, no forma parte del mercado laboral formal.

Otro tema importante es el de la filiación que no facilita movilidad. Es que el número de seguridad social no es un dígito de identificación nacional donde un componente del mismo dé cuenta de las condiciones de afiliación al sistema de salud y la institución que provee el servicio.

Ayer, Jorge Alcocer Varela, próximo secretario de Salud, dio a conocer esta intención de concretar el Sistema Universal de Salud y que forma parte del 3% de los compromisos de campaña no alcanzados por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que resolverlo implica transitar a un régimen donde el componente de subsidio de los servicios de salud se eleva de manera importante.

Justo Mercedes Juan, la exsecretaria de Salud a principios de esta administración, fue una activa promotora desde que en 2013 Funsalud, que era presidido por José Santos Asséo, presentó la propuesta de universalidad de los servicios de salud, mediante la separación de las funciones de salud y su fondeo, la declaración constitucional de la prestación del servicio a la salud para todos y, sobre todo, la definición clara de responsabilidades entre Federación y estados, en el fondeo, y entre Estado y sector privado, en la prestación de servicios de salud.

Se intentó, pero la separación tenía que superar dos cosas: la crisis financiera de IMSS e ISSSTE y las condiciones complicadas de contratación colectiva entre las instituciones.

En el IMSS que será dirigido por Germán Martínez, por ejemplo, una buena parte de la población afiliada es la mayor aportante de la cuota individual y patronal y el fondeo de sus tres cuentas no recibe cuota social (porque cotizan por arriba de 8 salarios mínimos). Esta población normalmente no usa el servicio de salud salvo que se trate de situaciones catastróficas, pero su aportación permite subsidiar relativamente los servicios proporcionados al grueso de los trabajadores afiliados que en promedio cotizan con 3 salarios mínimos. Lo mismo sucede con la prestación de vivienda, donde el cotizante que más gana al no usar su prestación permite que se pueda fondear a los que menos ganan.

El sistema de salud del IMSS y el ISSSTE tendría que “desvincularse” o “desarticularse” del de seguridad social y vivienda para que pudiera pensarse en el seguro universal, pero también se tienen que establecer parámetros claros de enfermedades y costos de las enfermedades y los tratamientos, para que sirvan de referencia entre unidades médico familiares, clínicas, hospitales generales y de especialidades.

Por último, igual se hace una reforma legislativa que incluya, como en el caso del servicio de educación, al de salud como obligación del Estado, pero el presidente electo tendrá que resolver primero el grave problema financiero de los sistemas de salud estatales, antes de pretender que el IMSS sume a todos.