Ley del cáncer en Bolivia en medio de una crisis de salud

Al igual que pasó con la Ley 1152 del Sistema Único de Salud (SUS), el Gobierno central insiste en tratar temas de altas implicancias y connotaciones administrativas, técnicas y financieras territoriales sin la participación y voz de los gobiernos municipales, pero, paradójicamente, a través de ellos.

El nuevo proyecto de Ley del Cáncer procura, sin consensos con los cuatro gobiernos municipales más importantes del país (Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba, que soportan y contienen la demanda de salud del 81% de la población boliviana), endosar, una vez más, responsabilidades adicionales y de alta especialización sin los recursos ni el financiamiento necesarios para atenderlas. Y lo más delicado, sin iniciativas que desarrollen capacidades materiales para responder a la altura de las exigencias del conjunto de enfermedades que desata el cáncer y sus tratamientos: especializados, costosos, de largos periodos y altamente calificados.

Por ello, la dificultad es doble. Los gobiernos municipales no solamente carecen de recursos adicionales para enfrentar el SUS (obsérvense los conflictos registrados en Santa Cruz y El Alto durante las últimas semanas), sino que además ahora, con una nueva competencia municipal para el tratamiento de los pacientes con cáncer, no disponen de las condiciones ni capacidades para atender adecuadamente esta responsabilidad.

Desligarse de responsabilidades propias de un gobierno central, el cual concentra el 95% de los ingresos del Tesoro General del Estado a costa de los gobiernos municipales, no es el mejor camino para atender la dolorosa situación de los pacientes de esta enfermedad. Al contrario, el cáncer debería ser un programa nacional de alta gerencia, con un presupuesto millonario para construir infraestructura, adquirir equipamiento de punta, capacitar y becar a profesionales de alta técnica para que manejen esta maquinaria y, por supuesto, salarios y régimen acordes a los méritos y responsabilidades propias de esta exigente enfermedad.

Esta vertical forma de atender una necesidad apremiante y de alto rédito político no hace más que sobrecargar aún más las limitadas capacidades de los gobiernos municipales y departamentales, que están zozobrando en su intento de cumplir con las prestaciones del SUS, conteniendo una cantidad de población para la cual no estaban preparados y menos capacitados de sostener. Se está sobrecargando la capacidad de contención municipal y poniendo en riesgo todo el sistema de salud. Sin un fuerte acompañamiento y asistencia técnica y financiera, especialmente a las cuatro ciudades referidas, corremos el riesgo de defraudar a los pacientes.

El Gobierno central no comprende que, a partir de la Constitución, el paradigma con las municipalidades es distinto, más de concertación y no de confrontación; y que en un régimen autonómico prima la coordinación y no la imposición. El Ejecutivo necesita reconocer que toda la política social (desayuno escolar, salud, desarrollo infantil, defensorías, servicios integrales para la mujer, tercera edad, discapacidad, entre otros) se asienta y está en manos de los gobiernos municipales; y que si no trabaja con ellos y a través de ellos, únicamente está haciendo política (pero no política pública), duplicando los recursos sin optimizarlos, malgastándolos en lugar de asignarlos a quienes realmente lo necesitan.

La salud está en crisis, y el tratamiento del cáncer es imperativo, pero no de esta forma, no al estilo del viejo Estado centralista y autoritario, carente de respeto a la estructura y organización territorial definida en la Carta Magna. Urge un modelo de gestión pública que corresponda a un Estado autonómico y de alta coordinación intergubernamental, que vaya más allá de los colores y calores políticos. Por ello los gobiernos municipales, especialmente los de las ciudades capitales, no pueden estar al margen de este importante proyecto de ley.