El tabaco es una de las principales causas en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, al igual que el cáncer y otras similares. Por esta razón, en varios países se han promulgado leyes que restringen su consumo e incrementan de manera dramática su costo, con el fin último de limitar el acceso a este producto. Empero, en Bolivia la batalla legal no termina de prosperar.

Un reciente estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que, pese a la evidencia que demuestra que el tabaco es sumamente adictivo; que daña el organismo, al extremo de provocar enfermedades mortales; y da lugar a una variedad de problemas sociales, es difícilmente limitado, ya que la industria tabacalera hace esfuerzos por descarrilar o debilitar las políticas de control contra los cigarrillos.

Entre las formas en que la industria tabacalera (entendida como el conjunto de iniciativas que producen, envasan, importan y comercializan tabaco y sus derivados) emplea para sabotear procesos políticos y legislativos están: exagerar la importancia económica de la industria, manipular la opinión pública para generar una apariencia de respetabilidad, simular apoyo a través de grupos fachada, desacreditar la evidencia científica, e intimidar a los gobiernos con litigios cuando se pretende incrementar los impuestos o endurecer la norma.

Bolivia no es la excepción en esta materia. Las muchas veces que se ha anunciado leyes nacionales o locales para imponer más controles y reducir el comercio del tabaco, exceptuando los casos de resoluciones y otras normas menores que regulan aspectos específicos de este mercado, el debate no ha podido prosperar. Ciertamente, la industria tabacalera tiene el apoyo de los comerciantes y, por supuesto, de los consumidores de sus productos.

Un especialista en Control de Tabaco para las Américas de la (OPS) afirmó recientemente que desde la institución multilateral ha sido testigo del lobby que ejerce la industria para influir en los asambleístas legislativos bolivianos, que hace un par de semanas debieron iniciar el debate sobre un proyecto de ley antitabaco, pero finalmente no lo hicieron a pesar del informe favorable de la comisión que revisó el anteproyecto.

Lamentó el especialista que la industria ofrezca a quienes deben tomar decisiones en favor de la salud pública información inexacta cuando no falsa. Citó como ejemplo las afirmaciones de que si se incrementa el precio de venta del tabaco, el mercado se inundará con contrabando, lo cual no podría ocurrir, dado que Bolivia tiene uno de los precios más bajos del continente.

Hace falta más debate e información no solo para legisladores, sino también para la sociedad en general, que se muestra ignorante del verdadero peligro que implica el consumo de tabaco. No hacer algo al respecto es ceder a los apetitos de corporaciones que por no tener un rostro humano se comportan como si sus consumidores no fueran personas.