El consumo de marihuana es común en la Ciudad de México. En realidad, debido a que el fenómeno de consumo de drogas no se estudia con seriedad en México, no conocemos con precisión ni la magnitud, ni las características del fenómeno. Lo que uno observa son jóvenes que la consumen en la calle, con frecuencia, que no tuvieron acceso a información para reducir riesgos y daños, ni ayuda para evitar caer en su uso, que son criminalizados (se les atribuye delitos que generalmente no cometen), que se relacionan con el crimen organizado para comprarla, que son acosados por la policía y no tienen opciones para consumir ese producto en un ambiente seguro. La prohibición no impide que los jóvenes consuman marihuana y sí genera problemas mayores que el consumo. Regular la producción, distribución y consumo de marihuana, como sucede o está por suceder en buena parte de América del Norte, ayudaría a desarrollar políticas de prevención más eficaces, cuidar mejor la salud de los consumidores y reducir la violencia asociada con el tráfico.

Es muy poco probable que el consumo se reduzca de manera drástica, regulándola o no. Tan improbable, como pensar que se va a reducir de manera drástica el consumo de alcohol porque podamos convencer de sus efectos nocivos para la salud. Los esfuerzos tendrían que centrarse (como se hace con el alcohol, por cierto) en prevenir consumos problemáticos, en evitar conductas de riesgo relacionadas con el consumo, en recomendar opciones que implican menores daños a la salud y, sobre todo, buscar salvaguardar la integridad de los consumidores. Todo eso sería mucho más sencillo de lograr si reguláramos, en lugar de prohibir, la marihuana. En lo que va del sexenio, de acuerdo con cifras oficiales, más de 175.000 personas han sido presentadas al Ministerio Público por posesión de cannabis y más de 150.000 por consumo. Se trata de un enorme desperdicio de recursos policiales, una fuente permanente de extorsión y gran injusticia para personas que no dañan a la sociedad.

Es necesario aprovechar el nuevo ambiente político del país, que ha abierto las rutas para considerar todas las opciones en materia de seguridad, para avanzar en el tema de la regulación de cannabis. Se trata de un asunto ampliamente discutido, del que ya existe evidencia internacional, del que la Corte ya se ha pronunciado con respecto a lo inadecuado de  nuestra legislación y que es una opción evidente para reducir la violencia y las ganancias del crimen organizado. La regulación razonable de la marihuana tiene que acompañarse de un programa para excarcelar a personas que hoy están en prisión sólo por poseer o consumir, pero también por solamente transportar o cultivar la planta. El castigo excesivo a la cadena más débil de narcotráfico, la que recibe las penas, pero nunca participó de las grandes ganancias, es también fuente de una profunda injusticia nacional.