El aumento en más de 50% de licencias médicas por salud mental en los últimos cinco años es un tema que no debiera pasarse por alto a la hora de hablar de políticas públicas de salud.

Hemos estado escuchando discusiones parlamentarias y de la autoridad respecto del cáncer, enfermedades crónicas y de otras patologías que, con mucho derecho, exigen coberturas y ser tomadas en cuenta por un sistema que no siempre da solución adecuada a las necesidades de salud de la población.

Pero aún no escuchamos una discusión seria acerca de las enfermedades mentales y cómo las enfrentamos como sociedad. Hoy uno de cada cinco chilenos sufre un trastorno de ansiedad severo y uno de cada diez un trastorno depresivo, ambos cuadros son parte de los grandes males de la salud pública en Chile, y no solo son responsables de un número significativo de licencias médicas, sino también de una reducción marcada de la productividad, el llamado “presentismo”, es decir la persona va a trabajar, pero su nivel de productividad es muy bajo. Por otro lado, se sabe que en el largo plazo aumentan todos los riesgos de salud física, ya que la mente no es algo separado del cuerpo, aumentando de manera importante los costos para los sistemas de salud.

Pero no sólo la prevalencia de estas enfermedades es preocupante. También lo es la baja cobertura de los seguros de salud. El paciente no sólo tiene que lidiar con el peso y estigma de este tipo de enfermedades, sino también con un sistema que limita el reembolso de las consultas y el acceso a los medicamentos, propios de una terapia integral.

Todos estos hechos retratan un escenario del que debemos hacernos cargo tal como lo hacemos con cualquier otra patología, buscando el beneficio del paciente a través de la prevención, mayor cobertura, asumiendo el costo que implica para las personas y generando una real política pública de salud mental.