En el mundo, aproximadamente 38 millones de personas viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Para el caso de Colombia, según un estudio realizado por “La cuenta de alto costo”, en el 2019 se presentaron 109.056 casos, lo que representó un aumento del 6.57% de personas infectadas con el virus.

Bajo este contexto y con la llegada del COVID-19, surgieron preocupaciones frente al riesgo de los pacientes portadores de VIH. Lo anterior, ya que estos pacientes tienen un sistema inmunológico más débil y esto los hace vulnerables ante esta coyuntura. 

Sin embargo, la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿los pacientes de VIH se verán afectados por esta pandemia dada su condición médica? o ¿se verán afectados por el retraso en las investigaciones que el COVID-19 va a causar?

En primer lugar, según ONUSIDA, la respuesta al VIH podría retrasarse por lo menos 10 años más, al centrar toda la atención en el SRAS-CoV-2. En segundo lugar, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento no hay datos que puedan demostrar que las personas portadoras de VIH corran un mayor riesgo. Al igual que el resto de la población, deben tomar medidas de autocuidado y cumplir con las normas establecidas por el Gobierno.

Pues bien, es claro que tanto el VIH como el COVID-19 son enfermedades que han retado a la salud pública en muchos aspectos: acceso a una atención médica de calidad, atención prioritaria a todos los grupos de la sociedad, contar con las mejores herramientas y sobre todo con las suficientes para atenderla, entre muchos otros. 

Por eso, hoy, las compañías de salud tienen la responsabilidad de combatir y tratar por igual el VIH y COVID-19. Expandir la medicina de precisión logrando mejores diagnósticos a tiempo y apoyar a que los profesionales de la salud den a sus pacientes el tratamiento correcto en el momento adecuado.

Para tratar este tipo de enfermedades que afectan de forma directa a la población y por consiguiente al desarrollo del país, a la desigualdad y a la economía en general, mi invitación es a que no perdamos de vista al VIH dado el COVID-19; por el contrario, el poner fin al VIH como amenaza de salud pública dependerá de cómo logremos responder al COVID-19.

En conclusión, ambas enfermedades deberán ser igualmente prioritarias, sin perder la atención en las investigaciones que durante años se han llevado a cabo para el tratamiento del VIH en Colombia y en el mundo. Así, se puede mitigar el principal mal para los pacientes portadores del virus: el retraso o las interrupciones en las investigaciones para su tratamiento.