Si el gobierno próximo quiso poner a consulta el rumbo a tomar para lograr la cobertura en salud, con haber filtrado el documento de la doctora Asa Cristina Laurell que expresamente dice “documento inicial de discusión” ya lo logró. Ha detonado todo tipo de opiniones entre directivos, académicos, empresarios y tomadores de decisiones tanto en el sector público como privado, pero las de los expertos en el ramo derivan en consensos básicos:

En salud nada es gratuito, y si se trata de elevar la cobertura hay que poner objetivos realizables, definir los cómos y poner igualmente sobre la mesa el monto de recursos con los que se contarán para conseguirlo. Porque en salud no caben las ideologías ni discursos demagógicos.

Quien ha tenido un familiar gravemente enfermo -y sin cobertura de seguro- que tuvo que ser hospitalizado, sabe los cuantiosos desembolsos que significa y que ello puede llevar a perder el patrimonio familiar. La atención en salud cuesta y mucho, y si se piensa en cobertura universal, debe ponerse sobre la mesa de donde saldrán los recursos, sin sesgos ideológicos.

Al respecto consultamos a uno de los economistas de la salud más respetados en México y a nivel internacional. Eduardo González-Pier, doctorado por la Universidad de Chicago, quien ha publicado diversos estudios sobre este ámbito y nos hace ver aspectos vitales.

Lo primero que insta a tener presente es que en salud todo tiene un costo. Y en cualquier economía la atención en salud la termina pagando la ciudadanía; si es atención privada el pago sale directamente del bolsillo, pero también cuando es prestación del gobierno la población la paga mediante impuestos. Lo mismo cuando hablamos de los servicios del IMSS, ISSSTE u otro organismo público, siempre hay un costo que se cubre o financia con recursos públicos o privados.

En segundo lugar, nos comenta, hablar de cobertura universal obliga a delimitar hasta dónde se quiere llegar con dicha universalidad porque históricamente está comprobado que no es posible darle todo a todos. Es necesario delimitar en tres dimensiones: a qué segmentos vas a cubrir, con qué servicios y bajo qué nivel de protección.

Ni los países más ricos, por más social que sea el régimen, han podido dar todos los servicios de salud gratuitos a toda su población. Cada economía tiene que delimitar hasta donde cubre con recursos públicos y hasta donde con financiamiento privado. Es una decisión ineludible.

Actualmente lo que México invierte en salud -que en los últimos años la suma llegó a aproximadamente de 550,000 millones de pesos-, es cubierta en prácticamente la mitad con recursos públicos, una proporción realmente baja frente a los países más avanzados que lo hacen en una proporción de 70% o más.

Otro punto a considerar es que si se va a aumentar la cantidad de presupuesto público destinado a la atención en salud debe hacerse en la forma más clara y transparente posible y con metas cuantificadas de manera muy precisa.

En este sentido, el experto que consultamos nos menciona la importancia de que los objetivos incluyan indicadores meta -por ejemplo, reducir la mortalidad por infarto, mejorar los servicios de diálisis a enfermos renales o la oportunidad de las quimioterapias-, y a partir de ahí definir si es preferible invertir en intervenciones, infraestructura hospitalaria o en insumos como medicamentos u otros. No se trata simplemente de construir hospitales

El riesgo de no planificarlo bien, es que el punto porcentual en que el próximo gobierno prevé incrementar la inversión en salud se agote sin lograr resultados, algo que sería muy lamentable y en contra precisamente de la población que se supone se busca beneficiar.