Días atrás, la detención de dos médicos y de un auxiliar del Hospital Obrero de La Paz, dependiente de la Caja Nacional de Salud, y de igual número de civiles por un presunto caso de tráfico de órganos conmocionó a la opinión pública.

Con el paso de los días, se supo que este caso no involucraba precisamente a una red criminal, sino más bien a un grupo de personas que se valió de las redes sociales para contactar a una potencial donante de un riñón para una familiar suya que necesitaba (y aún necesita) con urgencia un trasplante de este tipo.

A cambio de este órgano, la mujer donante recibió US$ 500 de anticipo de un total de US$ 6.000. Sin embargo, se habría arrepentido a último momento, lo que desató la ira de los familiares de la persona que necesita el riñón, sobre todo porque se negó a devolver el anticipo. Y ante las amenazas que habría recibido para que devuelva los US$ 500 o acepte el trasplante, uno de sus familiares habría denunciado a los “agresores”, lo que a la postre puso en evidencia el hecho que suscita este comentario.  

Más allá de los delitos cometidos y de la cuestionada participación de galenos del Hospital Obrero, este caso pone nuevamente en relieve la necesidad de regular y de promover con urgencia la donación de órganos en el país, pues de lo contrario persistirá la existencia de mercados negros, en los que muchas veces los intermediarios se aprovechan de la ignorancia y la desesperación tanto de los enfermos como de las personas con escasos recursos que terminan hipotecando su salud cuando acceden a este tipo donaciones, realizadas sin control.