Una iniciativa tramposa

Mientras la sociedad mexicana estaba todavía volcada en la tragedia del sismo del 19S, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca imponer las creencias de una minoría por encima del derecho a la salud. Envuelta en lenguaje derechohumanista, la iniciativa propone reformar la Ley General de Salud para incluir en ella un artículo 10 Bis que regularía la objeción de conciencia del “personal de salud”, en términos que abren la puerta al abuso de la libertad religiosa y de creencias.

En la iniciativa, propuesta en el 2015 por la diputada del PES, Norma Martínez Guzmán, y en el dictamen de la Comisión de Salud, con integrantes del PRI, PAN y PES, que quizá se discuta hoy, se aduce que la objeción de conciencia es un derecho y que es preciso explicitarla en la ley federal. Aunque señalan que la libertad religiosa y de creencias está reconocida en la Constitución, a los legisladores no les parece suficiente. Ignorantes de los dilemas de la medicina y la bioética, dejan ver el origen confesional de la iniciativa al especificar, en la propuesta de decreto más reciente, que el “personal de salud”, así de general, podría abstenerse en los casos de “hemo transfusiones, trasplantes de órganos, procedimientos anticonceptivos reversibles e irreversibles”.

Como puede ya notarse, el propio dictamen devela su origen y permite cuestionar su propósito. La Constitución reconoce tanto la libertad de religión como la libertad de profesión, no incluye la libertad de objetar porque la objeción no es en sí un derecho: las creencias no eximen en México de cumplir la ley. Se puede justificar la objeción como medio de ejercer la libertad de conciencia, como sucede cuando los pacifistas se niegan a ir a la guerra y asumen las consecuencias de la desobediencia civil. En este sentido, la objeción de conciencia puede ser admirable como defensa en acto de una postura ética individual, mas no se justifica cuando afecta derechos de terceros.

En el ámbito de la medicina la cuestión es compleja, pues la objeción en sí puede implicar la imposición de criterios personales por encima del derecho a la salud, que sí es un derecho humano básico. Como explica en un artículo el doctor Patricio Santillán Doherty, el tema es polémico pues hay posturas absolutistas, como la de la iniciativa, que ven la objeción como derecho, otras que la rechazan, y una intermedia que reconoce el conflicto de intereses y exige una argumentación sólida de los motivos de la objeción. Sin embargo, desde la ética médica, la posición que deben asumir los médicos es clara: su obligación es atender al paciente conforme a los más altos estándares de la medicina, no someterlo a criterios propios no científicos, ni aprovechar la desigualdad de poder entre médica y paciente, que bien señala el autor. Quienes apelan a sus creencias para negar información acerca de la anticoncepción o se niegan a llevar a cabo una transfusión, están atentando contra los derechos de las pacientes. Por ello, cabe añadir, no se puede otorgar un “derecho” a la objeción al “personal de salud” como pretende la Comisión correspondiente.

La iniciativa alude a la Ley de Salud de la Ciudad de México, que reconoce la objeción de conciencia y especifica que la institución debe garantizar la presencia de personal no objetor. Cabe recordar que esta ley, con base científica y laica, se elaboró en un contexto con fuertes presiones conservadoras y que éstas siguen usando la objeción de conciencia como medio de imponer su agenda antiderechos.

Por otra parte, como recuerda en un comunicado la Alianza por el Derecho a Decidir, la laicidad del Estado exige dejar fuera de las leyes las creencias religiosas. Hacer lo contrario puede llevarnos a manipular la “libertad religiosa” para justificar la discriminación, como sucede hoy en Estados Unidos, donde las empresas podrán “objetar” para excluir el pago de anticonceptivos en el seguro médico de sus empleadas.

Si tienen conciencia y ética republicana, diputadas y diputados deben desechar esta iniciativa innecesaria y tramposa.