El proyecto propone cerrar las instituciones que tratan exclusivamente enfermedades mentales para evitar el estigma de los pacientes. 

El Observador. Las normas sobre salud mental que están vigentes en Uruguay fueron redactadas en la primera mitad del siglo pasado. Hoy las autoridades sanitarias presenton un proyecto de ley, que será remitido al Parlamento, que propone "modificaciones en el abordaje de la salud mental" y que sustituirá de manera total a la norma actual, que data de 1936.

La exposición de motivos del nuevo texto señala que "las violaciones de derechos humanos y la denegación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a las personas que sufren trastornos mentales son comunes, tanto en ámbitos institucionales como en la comunidad".

Se añade que tanto el "estigma" como la "discriminación" actúan como obstáculos para el "pleno ejercicio" de los derechos de estos ciudadanos.

Según la exposición de motivos del proyecto, el cambio de modelo de atención es "crucial" para que la salud mental se aborde de manera "integral" y desde una "perspectiva de derechos".

Asimismo, el texto indica que "la prestación de servicios de salud mental a través de la atención general de salud es la estrategia más viable para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud mental".

La atención integrada, postula, "puede facilitar la reducción del estigma" al que se asocia la asistencia de esta población en "servicios de salud mental estructurados". Por este motivo, se agrega, "se propone que las hospitalizaciones (...) se realicen en unidades de hospitales y sanatorios generales".

La norma también marca qué dirección se decidió tomar en relación a este tipo de instituciones pensadas para alojar solamente a pacientes con trastornos mentales. "El cambio de modelo de atención propuesto (...) sustentará el proceso de desinstitucionalización y el cierre progresivo de estructuras asilares y monovalentes, previo desarrollo de estructuras alternativas".

De acuerdo a la exposición de motivos, la clausura de este tipo de establecimientos marcaría un "hito en el cambio de modelo de abordaje en salud mental".

Se propone que, en sustitución de estas instituciones, se creen "estructuras alternativas", como centros de atención comunitaria, casas u hogares asistidos y "de medio camino", y centros de rehabilitación e integración psicosocial.