Las expectativas de que el Parlamento de Argentina apruebe esta semana un proyecto para legalizar el aborto comenzaron a languidecer en los últimos días, luego de que una senadora dijo que cambió de opinión y votará en contra de la iniciativa.

El Senado tratará el miércoles una propuesta aprobada en junio por los diputados que ampliaría la autorización de la práctica del aborto, la cual actualmente solo está permitida en casos de violación y de riesgo de salud para la embarazada.

En caso de aprobarse, Argentina se transformaría en el tercer país de Latinoamérica en habilitar un amplio espectro para realización de abortos y que el sistema público de salud los contemple. Cuba y Uruguay ya poseen una legislación similar.

El domingo la senadora Silvina García Larraburu dijo que, a pesar de declaraciones previas a favor, votará en contra del proyecto, lo que elevaría los votos negativos a 37, lo que sería una mayoría en un Senado compuesto por 72 miembros.

"(Mi decisión) tiene que ver con mis convicciones más íntimas", dijo a una radio local García Larraburu, quien pertenece al partido político que comanda la expresidenta de centroizquierda Cristina Fernández, que también es miembro del Senado pero votará a favor de la iniciativa.

A su vez, la propuesta -que autorizaría la realización de abortos durante las primeras 14 semanas de embarazo- podría ser enmendada por el Senado y enviada de nuevo a la cámara baja para su revisión.

Desde sus inicios, el proyecto causó una profunda división en la sociedad argentina, donde la mayor antinomia se ha dado entre organizaciones de derechos humanos y agrupaciones feministas, que defienden la medida, y grupos católicos y religiosos que la rechazan.

Los impulsores de la norma -que se identifican con pañuelos verdes- argumentan que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad maternal en Argentina y que las mujeres de bajo recursos son las más expuestas a realizar esos procedimientos en condiciones insalubres.