El conflicto no cesa. Los sectores de base de los médicos del país rechazaron el preacuerdo que había suscrito su dirigencia con autoridades del Gobierno y del Legislativo la noche del martes y, así, no aplicaron la denominada pausa humanitaria y, por el contrario, persiste la huelga indefinida que con este jueves cumple 21 días.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó al mediodía del miércoles a la red Unitel sobre la determinación que asumió el sector luego de consultar con sus afiliados sobre la aceptación o no de los alcances del documento que se había trabajado en la víspera por más de ocho horas en el marco de un diálogo celebrado en La Paz.

En Chuquisaca y Oruro los médicos de base reaccionaron del mismo modo y decidieron mantener su medida de presión. El presidente del ente colegiado orureño, Alberto Salinas, dijo que el preacuerdo condicionaba la continuidad del diálogo al lavantamiento de las medidas de presión, lo que consideró "un engaño".

Advirtió que no descartan radicalizar sus medidas de presión, que a futuro incluirían incluso una movilización hacia la ciudad de La Paz.

En medio de los anuncios hay pedidos de renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, quien lideró la mesa de negociaciones junto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

Los sectores en conflicto habían alcanzado un principio de acuerdo en medio de denuncias del fallecimiento de tres personas debido, presuntamente, a la falta de atención médica.

El acta de entendimiento había perfilado la instalación de mesas de trabajo para redactar un decreto alterno al que crea la Autoridad de Fiscalización, y el 3091 que crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud para regular aspectos como los aranceles en el sector privado.

Cabe destacar que el paro médico suspendió más de medio millón de consultas y 4.800 cirugías programadas.

Además, se avizoró una negociación en torno al artículo 205 del proyecto del Código de Sistema Penal que incorpora la figura penal de la mala práctica profesional, sus alcances, atenuantes y agravantes, aunque el tema ya había sido objeto de un inicial acuerdo.

Los movilizados aseguraron que con esa norma se criminalizaba el acto médico, lo que fue negado desde el Gobierno y el Legislativo, que debate la norma en el Senado. No obstante, varios legisladores marcaron el derrotero de ese artículo al fijar que ese articulado no se anulará.