Chile: Nueva ley de salud mental obligaría a drogadictos a tratarse
Martes, 15/05/2018
La Comisión de Salud anunció el inicio de la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite sobre la protección de la salud mental, haciendo especial énfasis en la necesidad de actualizar las normas referentes al tratamiento de adictos.
La Comisión de Salud anunció el inicio de la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite sobre la protección de la salud mental, haciendo especial énfasis en la necesidad de actualizar las normas referentes al tratamiento de adictos.
Todo esto, tras reunirse con la Asociación de Familiares Angustiados (AFA) a la comisión, quienes trabajan con pacientes adictos a la pasta base.
En la oportunidad acordaron, entre otras cosas, incluir los tratamientos no voluntarios de desintoxicación en el proyecto, tras coincidir en que permitir a los adictos decidir si se someten al proceso o no sería un “contrasentido”, como lo calificó el presidente de la comisión, el senador Guido Guirardi.
Respecto de esto, el presidente de la AFA, Stefano González, argumentó que “la adicción a la pasta base es terminal porque la persona termina en la cárcel o muerta, internada difícil porque actualmente los tratamientos tienen el carácter voluntario, lo que hace que los pacientes dejen la terapia cuando quieran”.
Camas
Otro problema que se abordó fue la falta de camas, por lo que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe sostuvo que “la salud mental es el pariente pobre en cuanto a atención porque se destinan muy pocas camas a estos pacientes y el diagnóstico precoz de enfermedades asociadas no es visto como una prioridad”.
El senador Francisco Chahuán, por su parte, lamentó la situación considerando que “sólo queda recurrir a la buena voluntad de la Iglesia o de entidades como la comunidad terapéutica Hogar La Roca, porque en la red pública no hay forma de acceder a prestaciones”.
Según la AFA, actualmente el Gobierno subsidia 20 camas para estos tratamientos, lo que equivale a $11 millones de pesos (US$ 17.598).
Su propuesta al respecto es que el Estado cancele la mitad de esas camas y el 50% de otras 20, aumentando en un 33% la oferta de tratamiento residencial y disminuyendo con ello la lista de espera.
Es decir, de concretarse la idea, quedarían 10 camas subsidiadas completamente por el Estado y 20 en la que éste aportaría la mitad del dinero.
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