El nuevo Gobierno socialista dijo que devolverá la atención universal de la sanidad pública, después de iniciar un proceso de conversaciones con las comunidades autónomas que culminaría en unas seis semanas con un real decreto ley.

“Vamos a un procedimiento dialogado (con las Comunidades Autónomas), unas seis semanas para traer la norma a aprobación al consejo de gobierno y luego 30 días para la convalidación en el Congreso”, dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa.

En plena crisis económica, el Gobierno conservador del Partido Popular (PP) limitó en 2012 el acceso de los inmigrantes indocumentados a la sanidad pública gratuita y universal, uno de los tradicionales pilares del estado de bienestar español, como parte de las medidas de austeridad presupuestaria destinadas a reducir el déficit público.

Varias comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de sanidad, reaccionaron a la medida del gobierno manteniendo la cobertura a los indocumentados en sus propias regiones, entre ellas el País Vasco, Baleares, Cataluña, Aragón o la Comunidad Valenciana, todas ellas con ejecutivos no controlados por el PP.

El nuevo gobierno socialista, en una marcada minoría parlamentaria con 84 diputados en el Congreso, dijo que implementará la medida a través de un real decreto ley, que requiere la convalidación en la cámara de 350 miembros, tras unas consultas “casi cerradas” con las regiones, anulando el decreto ley de 2012.

“La salud es un derecho y la protección a la salud es fundamental”, dijo Celaá para justificar la medida. “Se instalará definitivamente la asistencia a la salud de manera integral”, añadió.

La limitación de la atención sanitaria, junto con la introducción del copago farmacéutico y otras medidas de ahorro en el gasto público del sistema sanitario, generaron multitudinarias protestas ciudadanas a lo largo del país desde su introducción, con el rechazo de varias ONGs.

Médicos del Mundo, una ONG que fue crítica con las medidas de 2012 y calculó que dejó sin atención sanitaria a más de 800.000 personas, dijo el viernes que entre los más afectados actualmente por la limitación de la cobertura están los padres y madres de inmigrantes que llegaron a España mediante reagrupación familiar.

La ONG solicitó al Gobierno que elimine también el copago farmacéutico, que en la práctica aumentó en general el precio de los medicamentos subvencionados que dispensan las oficinas de farmacia.