La transformación del Seguro Popular es paulatina, pero rápida. Por ahora, el gobierno federal tiene previsto mantenerlo hasta en tanto se realicen las modificaciones pertinentes —reformas constitucionales— para crear al Instituto Mexicano de Salud para el Bienestar, y que lo llevará a la consecuente desaparición.

Después de 15 años de existencia, no se trata sólo de “cambiar un nombre”, sino de eliminar las “ataduras” al servicio de salud para que no excluya a ningún mexicano por razones presupuestarias, y tampoco limite la atención a un catálogo de enfermedades, tal y como sucede en la actualidad.

En entrevista con El Economista, la comisionada de Protección Social en Salud (mejor conocido como Seguro Popular), Angélica Ivonne Cisneros Luján, explicó que si bien su creación se dio a partir de una lógica de mercado en el sexenio de Vicente Fox, para la nueva administración tendrá una total transformación en una “lógica de derechos” y para ello, se centralizarán los recursos, se quitarán las limitantes en cuanto número de derechohabientes que se pueden atender, además de ampliar la cobertura de salud a más enfermedades.

La comisionada añadió que es indispensable que se reforme el artículo 77 bis de la ley de salud para poder avanzar en la cobertura de servicios; así como se requiere la publicación del decreto que crea el Instituto Mexicano de Salud para el Bienestar; pero, mientras ello avanza, “estamos tomando acuerdo con las entidades federativas, hasta ahora tenemos acuerdo con 12 estados para avanzar en el proceso de federalización”.

Tenemos claro, dijo, que el cambio “implica desde luego, una forma legal para que esto suceda. El Seguro Popular es el resultado de una reforma estructural que se hizo en materia de salud a través del senado en el 2003 y empezó a operar en el 2004.

La reforma consistió en crear en la Ley General de Salud, el sistema de protección social en salud a través del artículo 77 bis, que en realidad es todo un apartado, o sea, es el 77 bis con sus subíndices, y responde a una lógica básicamente de financiamiento hacia lo que es la prestación de los servicios de salud”. De ahí que, dijo Cisneros Luján, “es bien importante aclarar a la población que el Seguro Popular no es un sistema de salud, no es un sistema que preste servicios de salud. Entonces, es una instancia básicamente, administrativa, financiera, fiscalizadora de recurso y de tutela de derechos de los afiliados”.

En ese sentido, destacó que “así es como se concibió, pero muchos salubristas o funcionarios de la salud nunca estuvimos de acuerdo con la creación de esta figura, básicamente porque obedece a una idea en materia de o que son las reformas estructurales en salud, de división de funciones para poder prestar los servicios de salud”.

Pese a la cantidad de cambios que deben realizarse para crear un nuevo sistema de salud, la funcionaria afirmó que tienen claro el objetivo, la voluntad política y el compromiso de hacerlo. A pesar, que en un principio se pensó que la cabeza rectora de este esquema fuera el IMSS Bienestar.

“En este gobierno hay otra conceptualización de cómo debe organizarse la salud y, que además, son los sistemas que han sido más exitoso en el mundo, en donde la prestación de los servicios de salud está en manos de una sola instancia, de una instancia nacional que se encarga de las tres funciones: regulatoria, financiadora y de prestación de servicios, y es lo que conocemos como sistemas únicos de salud”.

Todo ello, expuso, traerá como consecuencia una mejor utilización de los servicios, “no se le apuesta a un tema de mercado, que se tengan resolver las deficiencias a través de las competencias entre instituciones, porque al final la salud no es una mercancía.

“Entonces, la salud es un derecho y por lo tanto al considerar a la salud como un derecho concebimos también que es el Estado quien tiene la obligación de prestarlo, entonces, a que vamos; vamos, antes que nada, a la construcción durante este sexenio, de un sistema único de salud”.

Actualmente el Seguro Popular cuenta con más de 53 millones de afiliados, y hay en lista de espera 10 millones; pues resulta que actualmente sólo se puede ofrecer el servicio hasta donde alcancen los recursos públicos. “Hay mucha población que no tiene el mismo derecho de acceso, porque además el Seguro Popular, con toda esta conceptualización, es un seguro que además es limitativo, o sea, afilia a personas y tienen derecho a determinadas intervenciones de salud, pero a otras no, a través de un catálogo de servicios de salud.

“Todo ello cambiará y será muy rápido, porque existe la voluntad, ya se trabaja en la propuesta de reforma que se mandará lo antes posible al Congreso de la Unión”, concluyó.

¿Qué es el seguro popular?

• Se crea en el 2004, en el Sexenio de Vicente Fox Quesada.
• Su intención es dar cobijo, atención y acceso a los servicios de salud a la población que no tiene seguridad social, a aquellos que no tenían IMSS o ISSSTE.
• Cubre 1.807 enfermedades desde las consideradas como comunes hasta a pacientes con VIH.
• Cubre 618 procedimientos quirúrgicos.
• Dota 670 claves de medicamentos y vacunas.
• Cuenta con 53.529.459 de afiliados.
• Su Presupuesto 2019 PEF es de más de 80.144 millones de pesos (US$ 4.258 millones).