Para alcanzar 100% de la cobertura universal en salud, tomando en cuenta sólo las 13 intervenciones básicas propuestas por la Organización Mundial de la Salud, requeriríamos 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Sin embargo, México destina 2,9% del PIB a este rubro. De este monto, 21% de ejercicio presupuestal destinado a servicios de salud pertenece a programas que no reportan información de sus resultados. Estos hallazgos fueron detectados en el estudio “Derecho universal a la salud en México: análisis de cobertura y costos 2018”.

A días de que el nuevo gobierno federal dé a conocer su nuevo plan para el sector salud y con el propio diagnóstico que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho sobre la necesidad de “federalizar el sistema de salud”, llega este estudio que señala puntos clave donde nuestro país está viviendo serias deficiencias.

En México, de acuerdo a cifras del Inegi, la población que cuenta con acceso a los servicios de salud es de 82%. Estamos por debajo del promedio de países miembros de la OCDE, que es 97,9 por ciento.

Aunado a ello, actualmente el gasto al bolsillo de los hogares es de 42 por ciento. Cabe mencionar que la cobertura universal a la salud en nuestro país no precisamente garantiza una operación y acceso eficientes, pues hay factores que lo impiden, como la imposibilidad de acceso físico a la infraestructura, falta de medicamentos y calidad del servicio.

El estudio, realizado por el centro de análisis Gestión Social y Cooperación AC (Gesoc) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC (CIEP), analizó 22 indicadores de servicios públicos para valorar el cumplimiento del derecho universal a la salud (16 seleccionados por la OMS y el Banco Mundial y seis más ajustados a las necesidades en México, como enfermedades de alto impacto financiero para el país, salud mental e intervenciones de prevención y promoción de la salud).

“Si bien sabemos que éste no debiera ser el universo de un sistema con cobertura universal, debíamos partir de un piso para poder estimar al menos las enfermedades más costosas y lo que representa para el país”, explicó Judith Senyacen Méndez Méndez, investigadora del CIEP.

También se analizaron 14 programas presupuestales del Presupuesto Federal de Egresos (PEF) 2018, y la conclusión fue que el Estado mexicano y sus instituciones no han considerado al sistema de salud como una prioridad que proteja el derecho universal a la salud, esto queda demostrado a través de tres aspectos:

Rectoría y liderazgo
De los 22 indicadores mencionados, hay algunos programas públicos que utilizan rubros para medir su propio desempeño, por ejemplo, los relacionados con la diabetes; pero hay otros como depresión, acceso hospitalario o acceso a cuadro básico, que no son tomados en cuenta.

Esto deja ver que “Entre las instituciones de salud no existe homogenización para estimar indicadores de desempeño”. Con ello se concluye que, si bien se da seguimiento, los indicadores no son suficientes para monitorear la cantidad de servicios mínimos que debe proveer un sistema de salud a la población para tratar las enfermedades más comunes.

“No hay armonización entre las metodologías e indicadores que se usan y se deben reforzar la rectoría y liderazgo en las instituciones de salud”, asegura Rodrigo Hernández, investigador del Gesoc.

Información disponible
Para la OMS, México cuenta con una cobertura amplia, con un valor promedio de 76%, sobre un promedio mundial de 64%, esto podría reflejar algo positivo, sin embargo los especialistas aseguran que cuando se analiza intervención por intervención se encuentran amplias diferencias, por ejemplo, existe 94% de cobertura para atención prenatal, pero 55% para VIH.

Con datos del CESIDA, ENSANUT, INSP, Inegi, ONU y OMS, el CIEP realizó una estimación sobre la cobertura de servicios esenciales en México de acuerdo con el porcentaje de la población diagnosticada con tratamiento.

Los resultados indican que, para lograr la cobertura de cada una de las enfermedades incluidas en esta lista, de acuerdo con lo reportado por las instituciones, tendríamos que estar hablando de 3,2% del PIB, esto es lo que nos cuesta de acuerdo a los costos y cobertura. Sin embargo, a todas luces se evidencia un déficit, pues para 2018 se aprobó 2,5% del PIB para salud. “Algo no está cuadrando, ya sea en costos o coberturas, se está sobreestimando la cobertura que se tiene actualmente. Por ello, es necesario mejorar la información pública disponible”, confirmó Senyacen.

Otro dato interesante: Atender únicamente 13 intervenciones de salud, entre las que se incluyen enfermedades crónico-degenerativas de mayor costo para el país, para toda la población que lo necesita, sería equivalente a destinar 5.1 puntos del PIB, 2 veces lo aprobado en el PEF 2018.

Desempeño de los programas federales
Con base en la metodología del Indep, que clasifica a los programas en cinco categorías de acuerdo con su nivel de desempeño, se evaluaron tres dimensiones, la calidad del diseño, la capacidad para cumplir con sus metas (reportes) y qué tanto cubre a la población objetivo.

En este sentido se encontró que 21% del presupuesto tiene nula certeza de desempeño (no hay reportes de indicadores); 54% está en el término de escaso (que no cumple con las metas y la calidad del diseño es deficiente); 7% están dispersos (cumplen con sus metas y están bien diseñados, pero no tienen suficiente dinero); 1% son programas con alto potencial de desempeño (programas bien diseñados, sin mucho dinero y con una población pequeña), y 17% son programas mejorables (que no tiene claros sus objetivos).

Un ejemplo es el programa Fassa, creado para completar el gasto a los estados en atención al Seguro Popular, que recibió lo equivalente a 21,1% del presupuesto de la Cuenta Pública 2018 pero que tiene nula certeza de desempeño pues no existen reportes concretos, contra programas como el de prevención y Control de Enfermedades ISSSTE, con un alto potencial de desempeño pero que recibió 0,9% de la Cuenta Pública.

Se concluyó que deben mejorarse el diseño y la situación presupuestal en términos de ejecución, pues existen programas con un buen diseño que no cuentan con recursos suficientes para alcanzar a cubrir su población objetivo potencial. En México, es cierto, se necesita gestionar mejor los recursos, pero también se necesita invertir más en salud.

Cómo será financiada la salud en un sistema universal no es un tema trivial, asegura Héctor Juan Villarreal, director general del CIEP. Actualmente hay quienes hacen aportaciones para su salud y otros que no, esto actualmente divide a los mexicanos en ciudadanos de primera y de segunda cuando hablamos de salud, por ello tener herramientas para discernir será fundamental en los próximos días.