Uruguay: Polémica por la cobertura de salud de alta calidad para dos gremios públicos

El servicio médico de ANCAP en Uruguay comenzó a funcionar como prestador integral de salud para los trabajadores del ente en 1957. La clínica del Banco Hipotecario (BHU) lo hace desde 1944. En ambos casos, los servicios médicos fueron creados con los aportes de funcionarios que resignaron aumentos salariales para su conformación.

El de ANCAP brinda atención a 3.200 personas, entre trabajadores y jubilados. En la clínica del BHU se atienden aproximadamente 1.200 –incluidos algunos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)– .

Además, hay más de 160 profesionales, personal no médico y técnicos que cumplen funciones en esos dos establecimientos.

El sector de banca oficial de AEBU (sindicato bancario) y la federación de empleados de ANCAP (Fancap) defienden la clínica y el servicio médico como una conquista. Pero el Poder Ejecutivo definió que deben dejar de funcionar como lo hacen, el viernes 30 de junio. En el caso de ANCAP el gobierno entiende que el mantenimiento del servicio “roza” el privilegio y a nivel general cuesta entender cómo algunos funcionarios públicos tienen prestaciones médicas con una velocidad diferente a la del resto de los trabajadores, y además con un costo adicional que solventa el Estado.

A partir del 1° de enero de 2008 comenzó a regir el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y todos los trabajadores debieron realizar sus aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para tener cobertura médica.

Hasta ese momento, los funcionarios de ANCAP tenían servicio médico gratuito que era costeado prácticamente en su totalidad por la empresa pública. Ese año, los funcionarios del ente pasaron a brindar al Fonasa el aporte que les correspondía por el nuevo régimen (4,5% o 6%).

A su vez, desde hacía un tiempo atrás ANCAP mantenía un acuerdo con la Asociación Española para que la mutualista brindara algunas de las prestaciones de su servicio.

Desde 2008 y hasta la actualidad, el trabajador que ingresa a ANCAP debe elegir su prestador de salud. Puede optar por cualquier institución privada o el servicio médico de la empresa pública. Pero si prefiere este servicio, debe señalar como mutualista a la Asociación Española.

Haciéndolo así accederá al servicio de ANCAP, que se hará cargo de la mayoría de las prestaciones de salud. La Asociación Española informó a El Observador que la institución tiene un acuerdo con la empresa pública desde 2003, cuando se efectuó una primera licitación y la ganó. Luego hubo más llamados, ya que los contratos iban expirando con el paso de los años, pero en todos continuó siendo elegida la Asociación Española.

Añadieron que la mutualista brinda el servicio de internación a los funcionarios de ANCAP, ya sea para intervenciones quirúrgicas o diagnósticos. Explicaron que también tienen acceso a la atención en emergencia en la sede central y a las urgencias en otras casas secundarias o policlínicas.

Los médicos, en cambio, son de ANCAP, contratados por la empresa pública.

Por el servicio prestado, la Asociación Española recibe las 3.200 cápitas que trabajadores y jubilados del ente aportan al Fonasa.

A partir de allí la situación se vuelve más compleja. La explicación se puede efectuar con una persona como ejemplo para que sea más sencilla. Por un trabajador de ANCAP, el Fonasa le paga a la Asociación Española una cápita. Si el funcionario no tiene que ingresar a la mutualista por ninguna de las prestaciones que ofrece y solamente se atiende en el servicio médico de ANCAP, se le devuelve al ente el dinero de la cápita.

Si ese empleado tiene una internación en la mutualista, por una intervención, se descuenta el costo del servicio de la cápita que se reintegra.

“Pero ANCAP tiene que poner más plata porque con lo que le devuelve la Española no le alcanza para cubrir los gastos del servicio médico. Esa plata que recibe por la diferencia con la Española es más US$ 4 millones (US$ 141.191) por año, que es lo que sale el servicio médico de ANCAP”, explicó a El Observador una fuente oficial.

El servicio médico de ANCAP funciona como una mutualista en la sede central del ente. En total cuenta con aproximadamente 150 funcionarios contratados, entre médicos (63), administrativos y enfermeros.

Además, compra medicamentos, tiene una farmacia y paga a laboratorios por exámenes externos que se realizan los funcionarios.

El sindicato defiende el servicio porque entiende que brinda muchas prestaciones puntuales para trabajadores que están en contacto con la refinación de petróleo o los combustibles, que no podrían obtenerlas en las instituciones privadas de salud.

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También sostiene que consultar a un especialista le lleva al empleado mucho menos tiempo que si tuviera que hacerlo en una mutualista.

Conquista versus privilegio

La ley 18.211 que creó el SNIS indica en un artículo que “los funcionarios públicos y otros dependientes del Estado que tengan regímenes propios de cobertura médica aprobados por ley o aun por normas que no sean leyes, los mantendrán hasta que los mismos sean modificados por las autoridades competentes”. Y esa modificación llegó el año pasado.

El decreto 173 de junio de 2016 expresó: “Extiéndase no más allá del 30 de junio de 2017, la vigencia de los regímenes transicionales de cobertura integral de salud acordados ente el Poder Ejecutivo y ANCAP, para los trabajadores dependientes de dicho organismo y los jubilados del mismo, sin perjuicio de los respectivos aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa)”. La intención oficial es que todas las prestaciones médicas estén a cargo de la Asociación Española ya que, efectivamente, los trabajadores están afiliados a esa institución.

Desde allí y hasta entonces comenzó el cortocircuito con los trabajadores del organismo. Fancap defiende con uñas y dientes el servicio médico y negocia desde el año pasado su mantenimiento con el Poder Ejecutivo.

Todavía no hay acuerdo y la semana pasada (con el plazo de expiración ya encima) el gremio comenzó a realizar medidas en la planta de La Tablada, donde se cargan los combustibles que luego se distribuyen en Montevideo, San José, Canelones, Maldonado y el sur de Florida. El desabastecimiento a las estaciones de servicio –y por tanto a la población–no tardó en llegar y el lunes 12 el gobierno decretó la esencialidad de la importación, producción, distribución y comercialización de todos los combustibles.

Ese mediodía, previo al decreto, la ministra de Industria, Carolina Cosse, se refirió a los funcionarios, al servicio médico y a las medidas sindicales.

“Este conflicto me tiene preocupada y sorprendida porque creo que se están tomando medidas extraordinarias y hacen que toda la población se vea afectada”, dijo. Y continuó: “Lo digo con todo respeto, soy una trabajadora y siempre me he sentido así. Acá hay un tema que roza el privilegio, el tema de tener un servicio médico aparte”, cuestionó.

Luego del decreto, el sindicato repartió unos folletos en defensa de su “conquista”. “El servicio médico de ANCAP funciona bien. La salud de calidad debe estar al alcance de todos los uruguayos y el camino iniciado por el servicio médico debe ser tomado como un ejemplo por el resto del sistema”, afirmó Fancap.

“La Federación ha definido luchar en defensa del servicio médico y sus puestos de trabajo, con todas sus prestaciones actuales, contra un modelo privatizador, que pretende entregar una de las conquistas históricas de los trabajadores de ANCAP a las empresas privadas de la salud”, expresó.

Clínica

En el BHU funciona una clínica médica para trabajadores del organismo, empleados que fueron transferidos a la ANV y jubilados.

La presidenta de la comisión representativa (sindicato de base) del BHU, Clara Pollo, explicó en el portal de AEBU que la clínica tiene médicos propios, psicólogos, farmacia y químicos farmacéuticos y ofrece atención como cualquier sociedad. En el caso de internaciones o emergencias, los trabajadores también concurren a la Asociación Española.

“Ofrece la ventaja que está dentro del BHU. Te atienden en el momento y no tenés que pedir el día para ir al médico. Con la historia que tiene y el servicio que brinda creemos que es un derecho adquirido”, sostuvo la dirigente.

Para este caso, el Poder Ejecutivo tomó la misma decisión que con el servicio médico de ANCAP y el funcionamiento de la clínica no podrá extenderse luego del viernes 30 de junio.

El presidente del sector de banca oficial de AEBU, Matías Arbizu, dijo a El Observador que la propuesta que el gobierno trasladó al sindicato es “el cierre de la clínica médica y el pasaje de los trabajadores a la Española. Ese pasaje no contempla los beneficios y prestaciones que tienen los trabajadores”.

En la clínica –donde hay 12 profesionales médicos y otros empleados– se atienden aproximadamente 1.250 personas, entre funcionarios y jubilados.

El presidente de la ANV, Francisco Beltrame, señaló a El Observador que los trabajadores del establecimiento cobran sus haberes a través de la Agencia y el resto de los costos son asumidos en conjunto con el BHU.

El jerarca añadió que a nivel oficial “se trabajó para que la prestación médica mantenga el mismo nivel, pero que se haga a través de una institución privada”, es decir, la Asociación Española.

Arbizu explicó que los beneficios de salud para los trabajadores forman parte del convenio colectivo vigente de la banca oficial.

“Por tanto, un cambio sería una violación del convenio. Suponemos que el Poder Ejecutivo no estaría con intenciones de violarlo; en ese caso el sindicato tendrá que resolver las acciones a seguir”, indicó el dirigente.

Propuestas

La decisión del Poder Ejecutivo de darle fin a los dos servicios parte de un fundamento claro: ningún ente público tiene en su carta orgánica la posibilidad de brindar prestaciones de salud.

“Además no es lógico que el Directorio de la empresa tenga que tomar decisiones al respecto o que haya un gerente para el control de stock de medicamentos”, dijo a El Observador una fuente oficial consultada.

Otras fuentes agregaron que está previsto que los trabajadores del servicio médico y de la clínica mantengan sus trabajos. En el caso de ANCAP, sería la Asociación Española quien les daría empleo. En el BHU la intención oficial es que pasen a formar parte de la plantilla del Banco de Seguros del Estado. Sin embargo, los gremios se resisten a los cambios y las próximas dos semanas serán de asambleas y encuentros sindicales.