isapres

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El plan del gobierno de Sebastián Piñera presenta cambios tanto para el sector público como el sistema privado.
La iniciativa será enviada al Congreso durante abril, en la cual se establecerá un plan universal de salud.
La Superintendencia de Salud suspendió la aplicación del beneficio con el que, en su mayoría, los padres o madres de recién nacidos y mujeres en edad fértil podrían pagar hasta un 71% menos cada mes, consignó el medio local, La Tercera.
La Superintendencia de Salud anunció que revisarían el fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra la Tabla de Factores de Riesgo incluida en la Ley de Isapres, emitido el año 2010, para generar un nuevo instructivo hacia las aseguradoras.
La abogada Paula Rojas explicó que se insiste en la medida con nuevos antecedentes, ya que mientras no exista una sentencia en los dos recursos de presentados, la aseguradora podría dejar sin cobertura a sus afiliados, al poner como plazo máximo para que acepten las modificaciones denunciadas como ilegales el 31 de octubre próximo.
La decisión fue adoptada por el organismo a cargo de la superintendenta (s) Ana María Andrade, como una forma de resguardar eventuales obligaciones que pudo haber dejado la desaparecida Masvida con acreedores, entre ellos clínicas y farmacias.
El presidente de la Asociación de Isapres, se pronunció sobre las millonarias ganancias que han recibido en los últimos años dichas instituciones y justificó el alza de utilidades de un 40% durante 2017 diciendo esto.
Al conocer las cifras de utilidades, el ministro de Salud, Emilio Santelices, afirmó en su cuenta de Twitter que el país se encuentra en un momento único para reformar al sistema y ponerle “el cascabel al gato” a la problemática.
Esta medida afectará a un 51,8% del total de beneficiarios, es decir, 1.760.166 beneficiarios aproximadamente.
Terminar con la discriminación que hacen las Isapres en pacientes con enfermedades preexistentes y regular los reajustes de precios que efectúan las aseguradoras y que, al estar en desacuerdo, los usuarios llevan hasta los Tribunales son parte de los cambios al sistema privado de salud que buscará regular el proyecto de reforma a la Ley de Isapres que contará con urgencia simple en su tramitación en el Congreso.
Con descuentos de hasta un 80% en atenciones dentales, la Isapres convencen a sus afiliados para que se atiendan en los centros de salud en convenio, los que generalmente corresponden al mismo dueño.
Esto luego de que se supiera que los acreedores de la exaseguradora reclaman deudas por US$ 238 millones, el doble de los que la propia Masvida calculó al momento de presentar su solicitud judicial en la que declaró pasivos por unos 65 mil millones de pesos (US$ 103,9 millones).
La cifra cursada por el Servicio de Impuestos Internos incluye intereses y multas por deuda de capital, por lo que el monto definitivo podría bajar si la exisapre lo solicita a la Tesorería.
Los cargos están basados en acusaciones por incumplimiento de la norma que prohíbe que exista dualidad de funciones entre los ejecutivos de las isapres y las respectivas prestadoras de salud, lo que podría configurar un eventual conflicto de interés, como también el uso de información privilegiada.
Una buena noticia para el abogado Remberto Valdés, que representa a las cuatro sociedades de inversión de la comuna de Concepción que realizaron la denuncia ante el SII, el Consejo de Defensa del Estado, y que en su momento, oficiaron a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
La investigación está alojada en el Ministerio Público de la región del Bío Bío, a cargo de su fiscal regional, Julio Contardo, quien dijo que se continúa recabando datos respecto de posibles irregularidades en los estados financieros y contables de la antigua prestadora de servicios de salud.
Entre los usuarios que se han mantenido en la aseguradora, algunos estarían teniendo problemas con las atenciones con más de mil prestadores médicos, a los que aún no se les pagan las deudas con la antigua isapre y quienes estarían negándose a atender por esta razón.
Desde el día 22 de febrero, el Ministerio Público lleva a cabo por el eventual delito de entrega de información falsa de sus estados financieros.