Uruguay: Farmacias instalan botones de pánico ante futura venta de marihuana

Los dispositivos de cobranza electrónico enviarán a la Policía la geolocalización del establecimiento en peligro, con lo cual hará más fácil la llegada de los patrulleros, que cuentan con navegador GPS.

El Observador. El Centro de Farmacias del Uruguay (CFU) llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior para instalar botones de respuesta policial en sus comercios, algo que surge como reclamo de seguridad ante la futura venta de marihuana para uso recreativo. Los empresarios pidieron desde un primer momento soluciones ante posibles robos una vez que se ponga en marcha la distribución de la droga bajo la regulación del gobierno.

A partir de esta semana se lanza en diez o quince farmacias del país un botón de pánico que estará conectado de forma directa con el comando del 911 de la Policía, informó a El Observador el vicepresidente del Centro de Farmacias, Alejandro Antalich.

La medida no tendrá costo para los propietarios que quieran instalar el dispositivo, ya que funciona en los POS de tarjetas de crédito y débito.

"Va a ser un botón de pánico que apenas se acciona lo ve el 911 y se dispara una alerta a todos los móviles policiales de la zona", explicó Antalich. El dirigente destacó que las farmacias serán el primer rubro comercial en instalar ese tipo de respuesta policial.

Los dispositivos de cobranza electrónico enviarán a la Policía la geolocalización de la farmacia en peligro, con lo cual hará más fácil la llegada de los patrulleros, que cuentan con navegador GPS.

Para el directivo del gremio de las farmacias (una organización que agrupa a comercios de barrio y tiene 30% del mercado), la medida es "un logro" y destaco que "va más allá de las farmacias que van a dispensar cannabis, porque la tecnología la pueden tener todas".

De todas formas el botón de pánico surge a partir de los planteos ante la venta de marihuana, algo que todavía no tiene una fecha de inicio clara.

Las farmacias mantuvieron reuniones con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Una vez que hubo acuerdo a nivel político, los empresarios discutieron el alcance práctico de la medida con ingenieros del ministerio. La semana pasada la comunicación siguió por correo electrónico, y se fijó una reunión para este lunes, de la cual van a participar el Ministerio del Interior, el comando de 911 de la Policía, Antalich por el Centro de Farmacias, y representantes de la empresa de los POS.

En junio del año pasado los dueños de farmacias y la agrupación que reúne a los químicos farmacéuticos asistieron al Parlamento para advertir un posible aumento de los robos a esos comercios, producto del inicio de la venta de marihuana.

Con la instalación del botón de pánico, las farmacias consideran que ya está todo pronto para empezar a vender marihuana.

"Teniendo esto, nosotros en dos semanas más ya estamos prontos. Falta que abra el registro (de consumidores), nos traigan el dispositivo para registrar las huellas dactilares, y podemos vender cannabis. Si mañana se retrasa, será por el registro (de consumidores) y no por las farmacias. Tenemos palabra", comentó Antalich a El Observador.

Una vez que se aprobó la ley, fueron 26 las farmacias registradas para vender marihuana. El tiempo pasó y esas "dilatorias" en la implementación hizo que se arrepientiera la mayoría y quedaron unas seis. Hoy, según el vicepresidente del Centro, son 10 las que quiern comercializar la droga una vez que se ponga en marcha el sistema estatal.

"Nosotros no queríamos que se obligara a las farmacias", insistió Antalich.

Según establece la ley, la persona que quiera comprar marihuana para fines recreativos debe ser mayor de 18 años e integrar un registro cuya información será secreta. Una vez sumado a esa lista, deberá identificarse en las farmacias indicadas para poder comprar hasta 40 gramos por mes. Otras fueron las reglas para quienes optan por cultivas su marihuana, ya sea en sus casas como en clubes cannábicos.

La ley elaborada y enviada al Parlamento durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) tiene como propósito reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado, así como también combatir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, a través de la intervención del Estado. Para llevar adelante la nueva política, se creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), como una persona jurídica de derecho público no estatal.