Uruguay: Nuevos cambios harán más férreo el control en el Fonasa

El Ministerio de Salud Pública implementará medidas que buscan evitar que nuevas maniobras vulneren el Fondo Nacional de Salud.

El Observador. A una semana de que saliera a la luz la estafa contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Ministerio de Salud Pública (MSP) dejó entrever los primeros cambios que se llevarán a cabo para ejercer mayores controles en las afiliaciones de usuarios a los prestadores de salud.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció el martes 7 en la Comisión de Salud del Senado que se realizarán dos auditorías vinculadas con los procesos internos que tienen lugar en la Junta Nacional de Salud (Junasa) para efectuar el pago de cápitas (aportes que realiza el Estado a los prestadores por cada uno de sus afiliados).

Además, el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, señaló en esa instancia que el Banco de Previsión Social (BPS) "es muy celoso de la información que tiene y la cuida", por lo que solo el organismo puede ingresar a las bases de datos sobre los usuarios que tienen derecho a prestaciones sociales.

La Junasa constata el pago de las cápitas revisando las bases de datos del BPS, pero estas no siempre están a disposición ya que es información reservada.

Por lo tanto, la Junasa paga el dinero de las cápitas a los prestadores de salud de acuerdo con la información que recibe del BPS y de las mutualistas, pero no puede chequear a diario cuáles fueron las altas y las bajas en el sistema. Para ejemplificar la velocidad con la que cambian los datos, Echevarría señaló: "Desde que llegamos acá (a la reunión con la Comisión de Salud) esa base de datos sufrió múltiples cambios que generan y quitan derechos de personas a tener cobertura de asistencia formal".

Según información a la que accedió El Observador, uno de los cambios que se implementarán está vinculado a la información de los usuarios y las prestaciones sociales, para que la Junasa pueda verificar los datos siempre que necesite.

Sin embargo, el organismo no tendrá permiso para editar las bases –porque eso podría generar errores-, por lo que solo podrá ver los información sin modificarla.

Asimismo, otro tema que salió a la luz en la Comisión de Salud del Senado fue la doble interpretación del contrato de gestión sobre las afiliaciones. Si bien en ese documento se establece que las solicitudes de registro solo se recepcionarán en las sedes de los prestadores, hay funcionarios que llevan los contratos firmados por los usuarios en otros lugares –en la calle, por ejemplo- y les dan el alta de afiliación.

"Tiene que hacerse en las instituciones y con la persona presente", sostuvo Echevarría. Sin embargo, el jerarca reconoció que hay trabajadores que llevan a las mutualistas contratos que fueron firmados antes, por lo que anunció que van a "defender" que "la persona tenga que ir a la institución para hacer su afiliación".

Falta información

El BPS está cotejando datos de 300 usuarios -que podrían llegar a ser 500 afiliaciones si hubieran incluido hijos o concubinos-, pero no accedieron aún a las 31 mil cédulas que fueron encontradas durante un allanamiento en la casa de Christian Martín, el joven de 23 años procesado con prisión por estafa el 24 de febrero.

Una fuente del BPS dijo a El Observador que el tema "está casi cerrado" para las autoridades. Asimismo, sostuvo que en el organismo hay dudas en torno a si las 31 mil cédulas que incautó la Policía son verdaderas, ya que "nadie las vio".

Por otra parte, el informante afirmó que hasta el momento no se hizo una investigación administrativa dentro del organismo para comprobar si hubo trabajadores involucrados en la maniobra. Sin embargo, la directora BPS, Rosario Oiz, dijo a El Observador que "todo se está investigando", si bien no aclaró si hay o no personal implicado en la estafa.

En ese sentido, una fuente judicial dijo a El Observador días atrás que uno de los empleados interrogados por la jueza Julia Staricco había admitido que los estafadores seguramente habían recibido asesoramiento interno porque conocían la operativa del BPS y sabían cuándo dar de alta y de baja a las personas que registraban como trabajadores de las empresas fantasma.

Otra investigación contra mutualistas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó una denuncia para que la Justicia especializada en Crimen Organizado investigue si hubo autoridades de mutualistas vinculadas al delito de intermediación lucrativa (ofrecer dinero a una persona a cambio de que se afilie a un prestador de salud) durante el corralito mutual. Un video anónimo llegó a la cartera, en donde se podía ver cómo los promotores de una empresa contratada por una mutualistaba captaban socios y les ofrecían dinero. La jueza al frente del caso es María Helena Mainard.