Los primeros días de mayo el Ministerio de Salud, después de varias discusiones, le dio el aval a un documento que había estado planeando desde principios de 2019. La resolución 1019, como la llamaron, estremeció el mercado farmacéutico: con ella se puso en marcha una nueva metodología para evitar que el sistema pagara precios excesivos por varios medicamentos. 

Dos meses después, todo parece indicar que esa cartera quiere retomar aquella idea. En su página web publicó un proyecto de resolución con el que quieren volver a poner un techo a los valores de algunas medicinas. Son más de mil presentaciones a las que le establece un precio. Un “valor máximo de recobro” es como lo llaman en el argot farmacéutico.

Como ya lo había explicado El Espectador en varias oportunidades, el propósito de esa metodología es contener un gasto que parece imparable y se ha convertido en un dolor de cabeza para el sistema de salud: los medicamentos y tecnologías en salud que no están incluidos en el Plan de Beneficios (o No POS). Solo en 2018 ese gasto fue cercano a los $10 billones (US$ 3.131 millones), mucho más que el presupuesto que recibieron varios ministerios.

“En el año 2018, los medicamentos POS constituyeron cerca del 63% de las ventas en unidades y los No POS, el 37% (…) Mientras los medicamentos existentes en el POS representan tan sólo el 32% del valor vendido total ($4,7 billones o US$ 1.470 millones), los medicamentos No POS lo hacen en un 68% (US$ 3.131 millones). Es decir que se vendieron más medicamentos POS a menor valor, mientras que los No POS se vendieron en menos unidades y a mayor valor”, apuntó hace poco en la revista Cuestión Salud de la Universidad Icesi Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica.

En otras palabras: el Estado colombiano, representado en este caso en la Adres, parece estar pagando valores excesivamente altos por algunas medicinas. Se trata de precios que suelen variar según la empresa que los comercialice. En muchas ocasiones el Ministerio ha encontrado que, pese a tratarse del mismo fármaco, los montos que paga pueden ser diversos. El mejor ejemplo, ya mencionado en estas páginas, era el del Etoricoxib, un popular antiinflamatorio y antirreumático. Antes de la resolución de mayo el Sistema de Salud podía pagar, a veces, un miligramo a $7; otras, a más de $58.

Como se lo dijo en su momento a El Espectador la viceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, poner valores máximos de recobro no consiste en hacer una regulación de precios. “Si alguien quiere venderlo a un precio superior, puede hacerlo, pero el Estado no va a pagar más del valor especificado”, advirtió aquella vez.

Es difícil saber cuándo quedará lista esta nueva resolución que prepara el Ministerio. Tampoco hay datos claros sobre el ahorro que esperan lograr. En la anterior ocasión los cálculos de Cárdenas indicaban que sería del 20%. Mientras lo deciden y resuelven la etapa de comentarios, lo cierto es que, como le dijo a este diario conocido médico que prefiere no ser nombrado, los precios de mercado farmacéutico se están disparando de nuevo. “Si no se toman acciones pronto, el sistema volverá a estar en muy serios aprietos”.