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El senador Jorge Robledo y el economista José Roberto Acosta presentaron una medida cautelar de urgencia ante el Tribunal de Cundinamarca pidiendo garantías.
De ahora en adelante quien sea removido de su cargo puede sufrir una inhabilidad hasta por 15 años para ocupar cargos relacionados.
Con un pacto llamado “Acuerdo de punto final”, el Ministerio de Salud quiere resolver un problema de varios billones de pesos colombianos.
La inspección solicitada por la gobernadora de Córdoba buscará posibles irregularidades internas en la institución.
Se trata de un medicamento para tratar una enfermedad relacionada con la acumulación de colesterol.
Los dueños de la EPS reportarán sus operaciones a la Superintendencia de Sociedades.
El presidente Iván Duque anunció las primeras acciones de su plan de choque en salud.
Entre el 60 y 70 % de los pacientes que llegan a urgencias por estos casos son motociclistas.
Investigadores advierten que, si los casos siguen aumentando, podría desatarse el colapso financiero del sistema de salud colombiano.
Los afiliados de la compañía quedarán en manos de los nuevos inversionistas, que aún no han sido revelados.
El operativo se realizó en una fábrica clandestina, ubicada en un sub-sótano de Villavicencio.
El gobierno anunció que hospitales, EPS, IPS y demás actores del sector recibirán presupuesto adicional.
Las migraciones, la minería ilegal y el Fenómeno del Niño preocupan a los expertos que temen una crisis.
El operativo fue hecho por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) junto a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Secretaria de Salud de Cali.
Este dinero, que equivale a todo el presupuesto de funcionamiento de la entidad, deberá desembolsarlo a las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisalud, Golden Group y Humana Vivir. Según explicó Oswaldo Henríquez, abogado que interpuso la demanda, la Supersalud debía responsabilizarse por omisión de control de la crisis de estas entidades.
Las ciudades colombianas se sumaron a una alianza internacional para cambiar la alimentación escolar.
La Superintendente Nacional de Salud confirmó, a través de un comunicado, la sanción por más $781 millones (US$ 248,160). Según la entidad, el proveedor del medicamento no estaba habilitado ni tenía contratos con la clínica.
El tráfico postal y la mensajería exprés son los dos caminos en los que el Invima ha encontrado más medicamentos entrando irregularmente.
Aunque la medida fue anunciada el 4 de agosto, la entidad tuvo que reafirmarla luego de la presión de las farmacéuticas involucradas.
El país fue líder en los planes de vacunación contra el virus en 2012, llegando al 90% de cobertura. Desde ahí, cayó al 20%.