El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les negó a los dueños de la EPS la impugnación de la medida cautelar y le ordenó a sus dueños abstenerse de vender sus acciones en la EPS
Algunos actores del sistema temen que con esta estrategia puedan evadir la regulación de precios. Las compañías dicen que su objetivo es otro y que seguirán ateniéndose a la norma.
El pasado 9 de febrero, el juzgado segundo administrativo de Bogotá ordenó incluir en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (RETHUS) a una mujer francesa que se graduó como partera en Bélgica con un título profesional.
De acuerdo con la entidad, desde 2015 ha eliminado 9.384 publicaciones de plataformas de comercio electrónico. “Sólo en Mercado Libre, han sido retiradas 8.604 publicaciones y en Facebook e Instagram, se han suspendido 780 publicaciones de productos ilegales”, explicó el Invima en un comunicado.
El alcalde de El Colegio, en Cundinamarca, explicó que a finales de mayo iniciará un acuerdo con el Concejo para prohibir el uso de este material en obras públicas.
Medicamentos vencidos, falta de salas de aislamiento, problemas de señalización, equipos sin mantenimiento y otros problemas hicieron que la Superintendencia Nacional de Salud tomara la decisión.
Esta decisión, consecuencia del proceso de vigilancia de la Superintendencia durante varios meses, obliga a que los afiliados de estas zonas sean trasladados a otras EPS que garanticen la atención y la calidad de los servicios.
En redes sociales algunas cadenas alertan sobre este compuesto en fármacos en el país, pero el último producto con ese principio activo se canceló en 2010.
El Tribunal Administrativo de la región emitió un fallo el pasado miércoles 23 de enero en el que ordena suspender de inmediato la negociación que se estaba llevando a cabo con la empresa estadounidense Dynamic Business and Medical Solutions.
Carlos Martín Rojas Carvajal, asesor de control Interno de gestión del Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta, aseguró que el gerente del hospital, Juan Agustín Ramírez Montoya, habría firmado un contrato con un primo hermano por más de $1.700 millones (US$ 541.321).
El senador Jorge Robledo y el economista José Roberto Acosta presentaron una medida cautelar de urgencia ante el Tribunal de Cundinamarca pidiendo garantías.
