El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de emitir un fallo que frena el proceso de venta de la EPS Medimás. Por medio de la resolución, de un poco más de 40 páginas, esa entidad ordena suspender de inmediato el proceso de negociación que se estaba llevando a cabo entre los accionistas y la empresa estadounidense Dynamic Business and Medical Solutions.

El documento, del que fue ponente la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi, es resultado de una demanda interpuesta por el Senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.

En palabras más precisas, ese tribunal decreta una medida cautelar de urgencia solicitada también por la Procuraduría y, en consecuencia, advierte, le ordena a la “Agente Liquidadora de Saludcoop S.A. y Cafesalud E.P.S. suspender la negociación y suscripción del contrato por el cual tales sociedades materializarán la compraventa por parte de Dynamic Business and Medical Solutions INC – DBMS INC, de los activos de Medimás EPS y Esimed S.A., hasta tanto esa corporación profiera la decisión de fondo que en derecho corresponda”.

El fallo también le ordena a la Superintendencia de Salud “abstenerse de autorizar la cesión de acciones por parte de los accionistas de Medimás EPS y Esimed S.A. a Dynamic Business and Medical Solutions o a cualquier otra persona natural o jurídica”. Eso, dice, no implica que esta EPS deje de prestar los servicios de salud a los pacientes.

Como lo había contado este diario hace un par de semanas, los principales accionistas, Prestnewco S.A.S. y Prestmed S.A.S., habían empezado a negociar con la firma americana la venta de varios de sus activos. Por un lado los activos intangibles de Cafesalud (los usuarios). Por otro Esimed, al igual que las acciones que tiene Prestnewco de Medimás (el 100 %). También estaban negociándose algunas clínicas y otros activos que tiene Saludcoop como la empresa de software y Healthfood.

Según le dijo a El Espectador en aquel entonces José Joaquín Bernal, representante de los actuales accionistas, el propósito era vender Medimás lo más pronto posible. Para ello, aseguraba, contaba con el respaldo de las entidades bancarias y con la supervisión de todos los organismos de control.

De acuerdo con los demandantes esa operación cuenta con varios inconvenientes: "De llegar a concretarse la enajenación de Medimás, un inversionista, que podría presentarse como un tercero de buena fe, la efectividad del fallo proferido en el marco de la acción popular sería inocuo, pues el nuevo comprador no fue parte del proceso (...) con lo que se echaría al traste las acciones adelantadas por el Tribunal durante dos años", aseguran. 

En otro apartado advierten que al ser el nuevo comprador un inverionista estadounidense, "a dicho negocio le serían aplicables las normas del TLC con Estados Unidos, que establecen cláusulas de arbitramento internacional, por lo que cualquier controversia que surja en torno a dicha transacción no sería competencia del Tribunal administrativo y pasaría al conocimiento de instancias internacionales de difícil acceso y controladas por los grandes poderes económicos multinacionales".