La gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, solicitó al contralor departamental, Emilio Otero, una auditoría exprés en el hospital San Jerónimo de Montería para evaluar posibles irregularidades en las finanzas del hospital. 

De acuerdo con El Universal, la alarma sonó después del nombramiento de empleados por parte de la gerente de la institución hospitalaria, Isaura Hernández, aparentemente, sin contar con los medios económicos suficientes. A pesar de que hay un gerente encargado ( Juan Carlos Cervantes ) mientras ella está en vacaciones, sigue emitiendo actos administrativos. 

En febrero del año pasado, la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a la gerente del hospital por irregularidades en el manejo planta de personal. También algunos empleados habían denunciado despidos masivos, falta de insumos y equipos médicos, entre otras inconsistencias. 

Devia Ruiz advirtió que la gerente salió de vacaciones a partir del pasado 2 de enero, y que lo que haya aprobado o firmado después de esa fecha tendría vicios de ilegalidad. "Tengo información que la doctora Isaura Hernández ha sido presentada en las instalaciones del hospital San Jerónimo a seguir actuando en propiedad por lo que se solicitó señor contralor haga clic en las instrucciones y la auditoría correspondiente para determinar si hay irregularidad en los procedimientos que usted adopta ya que Ella tiene una resolución de vacaciones desde el 2 de enero ”, señaló la mandataria en la comunicación que envía al jefe del organismo de control, de acuerdo con El Universal. 

De acuerdo con W Radio, Marcos Daniel Pineda, alcalde de Montería, ha reiterado el deseo de que el hospital sea incorporado a la red pública del municipio de Montería. La propuesta fue realizada al mismo presidente Iván Duque, quien no se ha pronunciado al respecto. 

De acuerdo con El Heraldo, para 2015, las finanzas del hospital San Jerónimo de Montería parecieran haberse desangrado tanto, que, el déficit de $ 50.000 millones de pesos que en julio de 2015 llevó a que fuera intervenido por la Superintendencia de Salud,  pese a que esa figura de ‘salvación’ desapareció, alcanzaría los $70.000 millones.