Luego de las acusaciones, de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, contra Medimás por aparentes faltas graves en la atención a sus pacientes y presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, la EPS rechazó la solicitud de liquidación y agregó que no se puede dejar sin servicios de salud a más de tres millones de Colombianos.

Uno a uno, Medimás respondió a las tres autoridades que la acusaron ante el Ministerio de Salud y la Super Intendencia de Salud. Inicialmente, la EPS señaló que impondrá acciones judiciales contra el Procurador General, Fernando Carrillo, por extralimitación en sus funciones. “Las actuaciones del Procurador, que vienen desde septiembre de 2017, constituyen claras extralimitaciones a sus funciones de prevención, que se limitan a detectar y advertir situaciones, pero de ninguna manera a usar el poder disciplinario para coaccionar o amenazar a funcionarios de otras entidades para que obedezcan sus órdenes. Dichas actuaciones ya han sido reprochadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado pues son un atentado a la separación de poderes y al Estado Social de Derecho”.

Con respecto a la Defensoría del Pueblo, Medimás aseguró que se trata de un “evidente conflicto de intereses” del Defensor del Pueblo y que los funcionarios que la acusan se “beneficiarían de una eventual intervención y liquidación de la EPS”. A la Contraloría la atacó señalando que esta omitiendo las órdenes del alto tribunal, "la entidad ve con preocupación que la Contraloría General de la Nación esté extralimitando sus funciones y desacatando los mandatos de la Corte Constitucional al prejuzgar y buscar entrometerse en la autonomía del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud".

Medimás reiteró la importancia de que no se deje a tres millones de colombianos sin una respuesta oportuna en caso de que se concentren casos del reciente brote del coronavirus, “en plena amenaza del sistema de salud por la pandemia del Coronavirus resulta inadmisible que el Procurador General busque dejar a más de tres millones de colombianos y colombianas sin una respuesta oportuna en caso de que se concreten los riesgos que ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud”, agregó la EPS en el comunicado de opinión.

Por su parte, las tres entidades señalaron que las auditorías que ha realizado la Superintendencia de Salud a Medimás desde 2017 han sido ineficaces e incontundentes. Así mismo, los informes de la Procuraduría, los de la Defensoría y la Contraloría que han llegado a los despachos de la Superintendencia durante los últimos treinta meses. “Medimás no está en condiciones de ejercer las funciones de aseguramiento garantizando efectividad y seguridad a sus afiliados”.

La Contraloría, Defensoría y Procuraduría destacaron en su denuncia que mientras el patrimonio de Medimás disminuyó entre 2018 a 2019 (161.283 millones a -964.000 millones), los pasivos pasaron de 2.037 billones a 2.726 billones. Por ahora, lo que más preocupa a las autoridades son los más de tres millones de pacientes que siguen en medio de esta novela, que, por ahora, no parece tener una conclusión clara.